Telemax de Sonora trianguló recursos de Sedatu con empresas fantasmas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió desde el pasado 20 de febrero a la Contraloría de Sonora investigar a funcionarios de Telemax por haber hecho contratos con terceras empresas, algunas de ellas “fantasmas”. Todo esto luego de que en el año 2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que es encabezado por Rosario Robles, fueron desviados mil 747 millones de pesos, utilizando servicios de universidades y televisoras públicas.

Según la auditoría 16-E-26002-12-1794 17-DS-GD, dicha irregularidad se cometió cuando la televisora firmó el convenio con la Secretaría sin que tuvieran la capacidad técnica, material y humana para la realización del trabajo solicitado.

La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que el convenio se firmó el 19 de abril del 2016, cuando Rosario Robles ya estaba al frente de la Sedatu. El contrato contaba en la elaboración del diseño y edición del material de audio, video y gráfico de comunicación social

De acuerdo con el portal Animal Político, la Sedatu habría desviado recursos con el otorgamiento de contratos millonarios a dependencias públicas, aprovechándose de una excepción en la norma:

“Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector establecida en el artículo 1, las cuales a su vez le dan el dinero a empresas privadas, seleccionadas sin licitación. Entre las empresas incluso hay algunas fantasma, ya denunciadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no tener oficina ni empleados.”

Entre las anomalías encontradas en el convenio hecho por Telemax y la Sedatu, la Cuenta Pública del 2016 señala que la dependencia realizó la subcontratación del 100% de los contratos por 267 millones 721 mil pesos, monto que representó el 98.5% de lo acordado, cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que no se pueden celebrar por montos que excedan el 49%. Por lo que, de acuerdo con la ASF, Telemax se habría prestado a un esquema de triangulación de recursos federales que fueron a parar a empresas que nunca fueron halladas por el organismo.

Ante esto, Daniel Hidalgo, director del medio de comunicación, argumentó que las empresas estuvieron legalmente constituidas y que tenían su RFC vigente al momento de que se realizó la contratación.

Asegurando, de igual forma, que este tipo de operaciones también las realizó con el Gobierno Federal en los años 2010, 2011 y 2012,  y que hasta el día de hoy no han recibido ninguna notificación por parte del organismo.

Pero de acuerdo con datos de la ASF, Telemax estableció entonces contacto con las “empresas” vía correo electrónico y paquetería, por lo que nunca se cercioró de que existieran físicamente.

Dichos convenios habían sido supuestamente acordados con las empresas Editorial Constituyente; MB Excelencia en Comunicación, que no tuvo la capacidad para ofrecer los servicios; y Publicidad Natnit, S.A. de C.V la cuales no pudieron ser localizadas.

Ante este hecho el gobierno del estado de Sonora, encabezado por Claudia Pavlovich, dijo que espera que sea La Auditoría Superior de la Federación, quien aclare los hechos, pidiéndole también a Telemax que aporte los elementos suficientes para comprobar qué fue lo que sucedió con los recursos. Asegurando que si la ASF requiere que el gobierno colabore, estarán ante su disposición argumentando que en el último año fueron 495 millones de pesos observados por la dependencia, los cuales al final no representaron ningún daño.