El SAT, la PGR y Sedesol se niegan a entregar documentos relacionados con La Estafa Maestra
La gran trama de cómo el gobierno federal desvío millones de pesos usando como pretexto convenios con universidad continúa siendo investigada. El que parece ser el caso de corrupción más grande e importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, es también el caso en donde más anomalías se presentan. Pareciera que alguien no quiere que se castigue a los responsables.
Esto queda claro cuando varios integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del propio Sistema Nacional Anticorrupción han sido ignorados desde hace meses al solicitar pruebas clave para avanzar en el caso. ¿Quién les está negando el acceso a todos estos documentos? Sorpresivamente es el propio gobierno federal el que se niega a participar.
Todo esto ha entorpecido el avance en las investigaciones y el hecho de que más personas e instituciones puedan llegar a ser detenidos por sus crímenes. Es este caso, por sus millonarios crímenes. Según datos de Animal Político, la llamada Estafa Maestra ayudó a que se desviaran cerca de 3.4 mil millones de pesos. Si bien algunos nombres han surgido, no se ha avanzado por las trabas del propio gobierno mexicano.
#PorSiNoLoViste: Tras la publicación del reportaje La Estafa Maestra suman ya 150 empresas fraudulentas que desviaron 5,137 millones de pesos de 11 dependencias del Gobierno Federal: https://t.co/bXx2CcGjYo pic.twitter.com/ztKEPfgd1n
— MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) January 6, 2018
Entre las instituciones responsables de no ayudar en el caso se encuentran la secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la República, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Se les han requerido facturas y papeleo clave para comprobar cómo es que se destinaron recursos a empresas fantasmas. Hasta el momento, ninguna ha entregado información que realmente es pública.
Y es que la institución más importante, el SAT, ha ignorado todas las peticiones sobre documentación que pueda ayudar en la investigación. No es que hayan emitido algún comunicado explicando sus razones, a decir de los investigadores anticorrupción, el SAT “simplemente ha ignorado todo”. Es justo en el sistema tributario en donde, por ley, se tiene la información fiscal completa de las más de 180 compañías fantasma que fueron contratadas para llevar a cabo la Estafa Maestra.
El silencio del SAT y las demás dependencias solamente agrava el avance en las investigaciones y puede dar a entender un intento de saboteo a la búsqueda de los responsables de estos desvíos. Entre los acusados se encuentran los titulares, en ese entonces, de dependencias del gobierno de Enrique Peña como Rosario Robles, Emilio Chuayffet, Alfredo del Mazo y Emilio Lozoya Austin, entre otros priístas reconocidos. Además, se sabe de al menos once rectores universitarios que ayudaron a la causa.
Cuando @Rosario_Robles_ y @JoseAMeadeK estaban en la @SEDESOL_mx hubo un desvío de casi 540 mdp a 3 universidades que terminaron en proyectos inexistentes https://t.co/zQPezxC3Z4
— AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) January 11, 2018
En palabras del medio responsable de esta investigación, “el dinero público que terminó en 150 empresas irregulares asciende a 5 mil 137 millones de pesos”. El gobierno de Enrique Peña anunció entre aplausos la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016. Desde esa fecha, su propia administración ha trabado el avance de investigaciones claves como esta.
Dentro del papeleo importante que debería de haber entregado el SAT hace meses se encuentran facturas que comprobarían la operación de esta trama de desvío de recursos. Además de dar a conocer a nuevos involucrados y avanzar para lograr sus capturas. Esta investigación ha incomodado a varios priístas, quienes han desmentido y desacreditado todos los documentos que mostró hace unos meses Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción. Incluso el candidato presidencial del PRI, Antonio Meade, amenazó con denunciar al medio por revelar estos datos. Luego, ante la presión, se retractó.
En el equipo de @JoseAMeadeK respetamos la libertad de expresión y el derecho a la información. Si advertimos alguna falsedad o inexactitud en la información, procederemos a su aclaración SOLO en términos de la Ley del Derecho de Réplica y NO por otra vía. pic.twitter.com/oP4rHsLYsv
— Javier Lozano A (@JLozanoA) January 12, 2018
La negativa “está impidiendo que se combata con efectividad a la corrupción”, comenta uno de los trabajadores del sistema anticorrupción. A diferencia del SAT, dependencias como la PGR y la Sedesol se han excusado de muchas maneras para impedir que ciertos documentos se hagan públicos. Argumentan que es “contenido sensible” o “reservado”. Por lo que pausan el proceso y avance en las investigaciones de una de las redes de corrupción más grandes del mandato de Enrique Peña Nieto.
