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SHCP avaló desvío de recursos para financiar campañas de gobernadores

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entonces presidida por Luis Videgaray, avaló en 2016 el desvío y triangulación de más de $250 millones de pesos, de recursos estatales, que habrían servido para financiar las campañas a gobernador de aquel año, en estados que no tuvieran gobiernos priístas, y que necesitaban recursos.

El diario Reforma, que reveló el caso esta madrugada, tuvo acceso a una declaración ministerial que rindió en julio de este año el exsecretario de Hacienda en Chihuahua, Jaime Herrera Corral, en donde afirma que el desvío de $275 millones fue parte de un acuerdo al que llegaron el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, entonces al mando de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, con la presidencia nacional del partido, entonces a cargo de Manlio Fabio Beltrones.

Agregó además que el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa, apoyó en la aprobación del “Fortalecimiento Financiero”.

Herrera Corral dijo en su declaración ante la Fiscalía de Chihuahua, con expediente I701/2017, lo siguiente: “Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz (al mando entonces de Javier Duarte), Tamaulipas (de Egidio Torre) y Chihuahua (de César Duarte), apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016, para aquellos estados que no tuvieran gobiernos priistas y requerían recursos”.

El artículo de Abel Barajas detalla también que el dinero fue triangulado con el apoyo del ex Secretario de Educación de Chihuahua, Ricardo Yáñez; de Gerardo Villegas, director de Administración, y de Antonio Enrique Tarín García, director de Adquisiciones del estado; ellos habrían simulado compras para enviar de regreso al menos $250 millones al PRI Nacional.

De acuerdo con lo revelado por Herrera, César Duarte estuvo de acuerdo en apoyar al programa de “Fortalecimiento Financiero”, ya que tenía la obligación de retribuir el favor a Beltrones de haberle permitido ratificar a Enrique Serrano como candidato a gobernador.

Después de que ambos, Beltrones y Duarte, sostuvieran una comunicación, se acordó que el dinero público que serviría para el financiamiento de las campañas tendría que venir de los estados, esto con el fin de que no fueran detectados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que revisa los recursos de origen federal.

A pesar de los esfuerzos de los funcionarios por cubrir sus huellas, la ASF sí detectó anomalías y oficios con fechas erróneas en estos movimientos. De acuerdo con el delator, fue la premura con la que operaron el desvío lo que reveló su ardid.

«Es de hacer notar que por la presión con la que insistió Alejandro Gutiérrez a la Secretaría de Hacienda federal, el trámite se hizo de manera incorrecta, existiendo evidencias actuales, ello por la premura con que se operó el movimiento, ya que el convenio se firmó con fecha 15 de enero de 2016 y la solicitud del dinero se hizo el 13 de enero; la SHCP federal lo selló con una fecha posterior, que fue el 16 de enero”, y agrega el delator: «Esto llevó a que, derivado de una revisión de la ASF a la Secretaría de Hacienda federal, se solicitara la sustitución del oficio de esa solicitud para corregir la irregularidad, misma que no se llevó a cabo».

Herrera Corral, incluso relata que el desvío de los recursos, una vez operado, fue detectado por el gobernador electo de Chihuahua, Javier Corral Jurado; dice: “a partir del 7 de junio de 2016 Yáñez (titular de SEP del estado) informa a Duarte (ya ex gobernador) que la ejecución del proyecto de extracción de fondos, por fallas en el CEN del PRI, había sido detectada por el Gobernador electo, indicaba que la facturación había sido mal realizada, con facturas casi simultáneas, que evidenciaban el desvío de fondos”.

Duarte, una vez enterado, ordenó la regularización de los folios, misma que ratificó Yáñez, y, de acuerdo a lo reportado por Reforma, indicó que la operación “había quedado blindada y a prueba de auditorías”, ya que se habían dejado bien cubiertos los requerimientos que justificaban la aplicación de fondos. Yáñez, a resultas de esto, fue sentenciado a cuatro años de cárcel a finales de noviembre por el delito de peculado.

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