Los hijos del río: el pueblito de veracruz que enfrenta a Odebrecht
Un día de 2010, cinco hombres llegaron al poblado de Jalcomulco, Veracruz, pidiendo un descenso por los rápidos y luego del recorrido se sentaron a comer en uno de los restaurantes aledaños al río. El grupo parecía como el de cualquier otro de turistas, pero la plática de la sobremesa llamó la atención de la dueña: cortinas, presas, velocidad y potencia del agua.
La señora buscó a otros pobladores que también dan servicios turísticos y minutos después los pobladores ya rodeaban la mesa de los visitantes, exigiendo más información. Los hombres se identificaron como miembros Odebrecht —cuando la empresa ni siquiera figuraba en actos de corrupción—, que tenía el proyecto de seis presas a lo largo de la cuenca de La Antigua, que terminaría con una gran presa en Jalcomulco.
Para aclarar sus dudas, los hombres les dejaron una USB con toda la información del proyecto, que ya se había echado a andar y cuyos trámites ante las dependencias de gobierno se habían iniciado meses antes.
El proyecto, apoyado por el entonces gobernador Javier Duarte, incluía una presa de 120 metros de altura en Jalcomulco para generar energía eléctrica y transportar agua a Jalapa, servicio que se administraría una empresa privada.
Los pobladores, preocupados por la magnitud de las obras, llevaron la información a las distintas poblaciones cercanas para recabar firmas e impedir que se llevaran a cabo.
Los habitantes lograron unirse y el 20 de enero realizaron la primera acción contundente.
“No sabíamos qué hacer. Como sabemos hacer fiestas, dijimos vamos todos con mariachi para cantarles ‘Las golondrinas’ porque los vamos a despedir, dos días antes habíamos conseguido otro documento donde les habían extendido el permiso para quedarse 40 días máximo. Así que era ahora o nunca. Y esa noche nadie durmió porque la organización comenzó un día antes, había gente que hizo un spot para invitar a los pueblos que se sumaran a una acción, no les dijeron qué, sólo que estuvieran preparados para el llamado”, recuerda Gabriela. Maciel Espinoza, una de las integrantes del comité coordinador.
A las 4 de la mañana del 20 de enero, fecha en la que iniciaría la construcción, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar para llamar a la gente al predio del Tamarindo, donde todo estaba listo para empezar a trabajar. Al final era tanta la gente convocada, que los trabajadores no pudieron pasar.
Desde ese momento se montó un campamento con 300 personas que se rotaban para estar allí. Y como la presión no fue suficiente, cerraron la autopista Veracruz-Jalapa durante 11 horas hasta que lograron una cita en el Congreso local.
Las actividades y la necesidad de trabajar, así como intereses políticos, han mermado el campamento, que a pesar de todo esto se mantiene en el mismo lugar desde hace ya casi cuatro años.
EL NEGOCIO FALLIDO
La Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz del gobierno de Javier Duarte pagó 355 millones 795 mil pesos a la empresa brasileña Odebrecht para realizar el proyecto de Usos Multiples Xalapa S.A.P.I de C.V., que incluía la construcción de una presa en la cuenca del río La Antigua.
El negocio era perfecto: construir una presa, generar electricidad y vender el agua almacenada a los habitantes de Xalapa, todo operado por una empresa recién creada entre el gobernador y la trasnacional.
En febrero de 201, el gobierno pidió autorización al Congreso para arrancar el proyecto, misma que se entregó el 4 de marzo siguiente bajo el acuerdo CIPPS/ORD/002/2013, que casualmente se aprobó antes de Duarte ingresara la solicitud.
“La zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, capital del Estado de Veracruz, enfrenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional”, justificaron las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente ante la solicitud.
El proyecto requería una inversión de siete mil 400 millones de pesos, de los cuales 72% sería aportado por la iniciativa privada y 28% por el gobierno de Verzaruz, que en una primera etapa dio 355 millones de pesos a Odebrecht.
La obra consistía además en un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque de agua para abastecer a la zona metropolitana de Xalapa; y una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almacenamiento. El excedente de energía se vendería a los grandes consumidores a través del esquema de auto abastecimiento.
Casi un mes después de la autorización de la obra, el gobierno y Odebrecht, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) crearon la sociedad anónima Usos Múltiples Xalapa SAPI. De CV, inscrita en la escritura pública número 9005. Sin embargo, el documento tiene espacios en blanco y no aparecen los nombres de los representantes legales de las partes.
Solo al calce aparecen circo firmas y en el margen superior derecho e izquierdo los sellos de las notarías 15 que pertenece a Eduardo García Villegas, esposo de la ex ministra Olga Sánchez Cordero- y 248 del Distrito Federal, a cargo de Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero.
Un segundo contrato se firmó para crear el Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y medio de pago 17205-5 denominado Proyecto de Usos Múltiples de Xalapa, que firmaron los representantes legales de la sociedad de Propósitos de Usos Múltiples de Xalapa S.A.P.I, Eduardo de Melo Pinto Filho y Luiz Martins Catharino Gordilho Neto.
Estas dos personas fueron están involucrados en el caso Lava Jato, el mayor caso de corrupción en América Latina en el que investigan a dos ex presidentes de Brasil.
LUCHA DE 4 AÑOS
Después de haber firmado los contratos, las obras comenzaron en la zona del río Los Pescados, ubicado entre los municipios de Apazapan y Jalcomulco en 2014, a pesar de que es un lugar de veda.
Sin embargo, todo está plagado de irregularidades. Como es el hecho de que la sociedad comenzara los trabajos de excavación y perforación sin tener los permisos de la delegación de Semarnat o de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que negó haber dado permisos. Odebrecht tuvo que pagar una multa de 140 mil pesos por sus acciones pero ni así se pararon los trabajos.
Al mismo tiempo que siguieron los trabajos, los pueblos de la cuenca del río se unieron y conformaron Los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL), misma que busca ser reconocido como un defensor jurídico colectivo del medio ambiente.
Con ello, se podrán admitir las demandas en contra de las empresas Odebrecht y Geogrupo, en contra del gobierno del estado, de la Sociedad de Propósitos Múltiples Xalapa y en contra de la Conagua, Semarnat y Sener por hacer obras en el río Los Pescados en el ejido Tamarindo de la localidad de Tuzamapa.
Al lograr este reconocimiento, las mil 800 personas que representan a un 1.2 millones de pesos podrán defender el río, lo que sentará un precedente en el país, ya que sería una de las primeras sentencias de esta índole.
Sin embargo, los pobladores también han tenido que enfrentar otros embates. Mientras mantuvieron el campamento, los organizadores del movimiento fueron demandados por un grupo de ejidatarios, encabezados por Telesforo Peña, quien interpuso la querella en 2014.
Hay 18 personas acusadas de despojo que enfrenta los cargos ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual envío 10 citatorios el 22 de abril de 2017.
“Fue evidente el acoso con las demandas masivas, asaltos al campamento, intimidación en el campamento. Se apuesta mucho al cansancio, a la falta de economía, que son esfuerzos individuales y colectivos, pero sin duda la estrategia utilizada durante años es que la gente se canse”, Alejandro Gallardo, miembro del equipo del equipo de organización
Mario Gerón, uno de los 10 demandados, considera que la reactivación del proceso judicial es una muestra de que el proyecto de la presa no se ha cancelado, a pesar de los escándalos en los que están envueltos Odebrecht y Javier Duarte.
UN PROYECTO ABIERTO
La percepción de la población es correcta, el proyecto sigue abierto, a pesar de las investigaciones penales por la corrupción en las que están envueltas las dos partes.
Pie de Página —quien realizó esta investigación—solicitó al gobierno local información sobre el estado actual del proyecto, pero no existe un documente que determine la conclusión del contrato.
Además, el contrato del Fideicomiso no tiene fecha de término, por lo que la cuenta se puede reactivar en cuanto tengan dinero.
Y aunque en abril pasado, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal exhortó al Congreso local y a los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Pemex para suspender cualquier concesión a Odebrechet, algo que no ha pasado.
“La lucha no se ha ganado, ganamos pequeñas batallas que nos dan la fortuna de tener el río libre en estos días. Para cada uno ha tenido un costo. Pelear por nuestros derechos tiene un costo. Queremos que nos tomen en cuenta, que nuestra voz sea válida, que los ríos estén libres. Y estamos dispuestos a pagar el costo”, afirma Gabriela, tras voltear atrás después de cuatro años de lucha.
Una investigación de Pie de Página
