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El PRI quiere que las elecciones en México se costeen con recursos privados

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Por fin se pudo hacer que los partidos políticos destinen parte de sus recursos para los afectados del sismo del 19 de septiembre. Si bien la iniciativa es totalmente ciudadana, ahora las fuerzas políticas en México se están colgando la medalla para comprobar que ellos tuvieron la idea antes que nadie.

Entre este ajetreo, lo cierto es que sí se destinará una parte de su presupuesto electoral a la reconstrucción del país. Después de esta iniciativa, algunos partidos ya están empezando a plantear nuevas formas de apoyo económico a las víctimas de la tragedia. Algunos proponen eliminar la pensión a expresidentes y otros aseguran que deberían retirarse privilegios como vales de gasolina, seguro médico privado, entre otros.

Ahora, a ocho días del devastador sismo que ha reportado hasta el momento 331 víctimas, el partido en el poder ha elaborado una propuesta para que las campañas sean financiadas con recursos públicos. Una medida que puede sonar solidaria pero que tiene un trasfondo bastante alarmante. ¿De qué se trata todo esto?

En principio, es algo que va contra la ley. En el artículo 41 de la Constitución queda muy claro el hecho de que las elecciones mexicanas deben ser financiadas con recursos públicos. Incluso se especifica que el recurso público debe estar muy por encima del recurso privado para evitar conflictos de interés:

“La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

La iniciativa impulsada por César Camacho, coordinador de diputados del PRI, señala lo siguiente:

“Los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales serán financiadas con recursos privados provenientes de las aportaciones de sus militantes, simpatizantes, así como de personas morales de nacionalidad mexicana con cláusulas de exclusión de extranjeros, de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y la ley”.

Si se lee esta iniciativa por encima, se le estaría regresando a los mexicanos cerca de 6,800 millones de pesos que iban a ser utilizados para campañas políticas, y que ahora serían utilizados para el apoyo total a los damnificados por el sismo. Además, este mismo partido sugirió la eliminación de los diputados plurinominales, lo que le ahorraría a la nación unos 11,600 millones de pesos. Suena bastante interesante.

Pero una lectura a fondo nos deja con varias dudas. En principio se estaría dando poderes a que los empresarios, las familias millonarias en México, los político-empresarios ligados al narcotráfico y otras figuras de poder económico en el país decidan a las personas que podrían dirigir a la nación. Esto es precisamente lo que busca evitar la Constitución cuando advierte que el recurso público debe prevalecer por encima del privado.

En la iniciativa presentada por el PRI, se señala que los partidos deberán transparentar cómo obtienen sus recursos. Esto suena a un intento de legalidad pero no establece cómo se harán todas estas transparencias y cómo se le garantizará a la sociedad mexicana vigilar los procesos de evaluación del capital que invierta el sector privado en cada partido.

Esto podría generar que en México se establezca el famoso lobbying. Una práctica muy común en naciones como Estados Unidos, en donde se utilizan métodos y formas de presión política para influir en decisiones del poder legislativo o ejecutivo. Al no participar directamente en cargos políticos, los agentes que efectúan el lobbying se encargan de susurrar propuestas al oído de diputados y senadores para aprobar o anular ciertas leyes. Todo esto con beneficios y regalos de por medio a quienes colaboren con sus intereses.

“El propósito, por lo que toca al financiamiento de los partidos, es que sea aportado exclusivamente por particulares, con nuevas reglas que garanticen la equidad, permitan la fiscalización, establezcan límites, mejoren la publicidad, transparencia y la legalidad sobre las fuentes de financiamiento, se abarate el costo de las elecciones y se mantenga la independencia de cualquier tipo de interés”, señala la iniciativa priísta.

Toca al INE analizar la propuesta y decidir si México se convertirá en una nación en donde sea el sector privado el que determine las elecciones de ahora en adelante, o si las cosas seguirán de la misma manera. La ciudadanía ha reaccionado con sospecha y cautela ante esta decisión que podría ceder la democracia a empresarios y millonarios del país.

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