Equipos que fallan y contratos irregulares, así son las operaciones de Seguritech
La empresa Seguritech tiene presencia en al menos diez estados del país en los que ha firmado contratos con los gobiernos estatales, todos sin haberse realizado una licitación, para brindar servicios en tecnología de seguridad. Empezó en 1995 como una empresa que vendía alarmas vecinales y actualmente ha facturado más de 22 mil 307 millones de pesos.
Los contratos gubernamentales
Tan solo en la CDMX, Seguritech ha firmado contratos con al menos seis delegaciones, entre las que se encuentran: Iztacalco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Sobre todo se realizaron contratos por la venta de alarmas vecinales, por ejemplo, la delegación Azcapotzalco pagó 90 millones 783 mil pesos por la compra de 7 mil alarmas vecinales en el 2013. En 2014, la delegación Cuauhtémoc firmó un contrato de 2 mil 318 millones 950 mil pesos para la renta de equipo de videovigilancia, monitereo y enlace con los cuerpos policiales.
Y en diciembre del año pasado, Colima firmó un contrato sin licitar con Seguritech para la construcción de un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad con un costo estimado de 800 millones de pesos.
Estos son algunos de los ejemplos de cómo la empresa se ha enriquecido sobre todo mediante la venta y renta de equipo con distintos gobiernos del país. Sin embargo, a pesar de las decenas de contratos que han firmado, en algunas ocasiones no han prestado los servicios de manera adecuada o el equipo ni siquiera ha funcionado correctamente.
Las consecuencias de no realizar licitaciones
A pesar de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otros auditores estatales, Seguritech Privada SA de CV se lleva todos los contratos sin que los gobiernos realicen licitaciones para ver qué empresas pueden ofrecer el mejor servicio.
Por ejemplo, el caso de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez lanzó un proyecto llamado «Proyecto escudo» para reducir el índice de delitos. Según información de Noroeste, contrataron a Seguritech «bajo un modelo de arrendamiento con opción de compra a pagos multianuales de partidas de las finanzas estatales», sin embargo, nunca se solicitó la autorización del Congreso de dicho estado para realizar esta operación, indicó la auditoría, por lo que les pusieron una sanción administrativa. Este es el único estado que ha promovido sanciones administrativas y penales por la manera irregular en la que se ha contratado a Seguritech.
En el caso de Oaxaca, el gobierno de Ulises Ruíz contrató a Seguritech bajo una adjudicación directa con la razón de que era una situación urgente, ni siquiera se firmó un contrato para la compra de equipos de vigilancia por un costo de 5 millones 900 mil pesos.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que el contrato que se firmó con Seguritech «no contó con el expediente de la adjudicación directa por excepción a la licitación pública, contrato y garantía de cumplimiento; asimismo, no acreditó los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia«. La ASF solicitó una investigación pero no hubo respuesta hasta el 2014, cuando Ulises Ruíz ya había dejado la administración.
En Sinaloa, Seguritech fue contratada por una adjudicación directa para la construcción de un edificio para el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocido como C4i. El costo fue de mil 307 millones 218 mil pesos, cantidad que debía quedar liquidada para diciembre del 2016, sin embargo, según la información de Noroeste, la Secretaría de de Administración y Finanzas dejó una deuda de 327 millones con dicha empresa. A la fecha, el gobierno de Sinaloa sigue negociando con la empresa para reducir esta cantidad ya que existieron distintas irregularidades que se reservaron para «evitar situaciones legales». Por ejemplo, de la compra de cámaras de seguridad, el gobierno sostiene que solo el 17 por ciento de toda la compra era operacional, solo 172 cámaras.
Los contratos del grupo #Seguritech se elevan a los $1,307 millones de pesos, y esto solamente en #Sinaloa.
Descubre el resto del gasto a lo largo del país en estos contratos sin licitar con la nueva investigación de #INNDAGA, Inseguridad: #LaMinaDeOro. https://t.co/cNTiZtlMy1 pic.twitter.com/ZXkusTVUii
— Noroeste (@noroestemx) January 29, 2018
Otro de los conflictos con este contrato es que toda la información generada con los dispositivos de seguridad que se encuentren en renta, también pertenecen a Seguritech. Se menciona en la investigación que: «Una de las cláusulas de los contratos indica que todas las bitácoras de vuelo de los helicópteros blindados son propiedad de Seguritech y que estas se entregarán cuando se liquiden las deudas», e incluso tienen otra cláusula donde dicen que pueden generar una copia de toda la información hasta que termine el contrato.
La Secretaría de Seguridad Pública será la que decidirá si seguirá o no con estos contratos ya que no saben qué pasará con el equipo ni con el complejo de seguridad.
Lee la investigación completa en Noroeste.
