Quitan tierras a 30 familias por capricho de empresa cercana al PRI
Un grupo de ciudadanos avecindados en el Estado de México señala al gobernador Alfredo del Mazo de favorecer a una empresa y despojarlos de sus tierras.
Se trata del predio en litigio La Pedrera, ubicado en la ex Hacienda del Pedregal, en el municipio mexiquense Atizapán.
En este lugar 30 familias mantienen un campamento luego de que hace más de nueve meses fueron desalojadas “con violencia” por elementos de la Fiscalía del Estado de México del Gobierno de Alfredo del Mazo Maza.
El desalojo se concretó para entregarle la posesión de forma irregular a la inmobiliaria Expectras (Grupo Homex), de acuerdo con el seguimiento del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
“Fue un desalojo ilegal, poniéndole las armas hasta a los niños”, evocó Verónica, una integrante de la Alianza Única del Valle que vive en la calle desde el desalojo registrado el 30 de noviembre pasado.
“Psicológicamente y moralmente sí nos destruyeron”. María Guadalupe afirmó que después de escuchar “balazos al aire” aquel viernes, su hija de 7 años “tenía el arma en la nuca”.
Cercanía a Peña Nieto
Eustaquio de Nicolás es el fundador del Grupo Homex y además, es vinculado al expresidente Enrique Peña Nieto, lo que explicaría el trato privilegiado, según los afectados.
La Alianza Única del Valle, conformada por los afectados, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva su defensa legal, señalan como principal responsable al fiscal del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
También señalan al fiscal regional de Tlalnepantla, Leopoldo Millán Salgado; y a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía regional de Tlalnepantla, Ivonne Sámano Segura, quien encabezó a un grupo de policías ministeriales de Atizapán durante el desalojo sin orden judicial de por medio.
Este miércoles 4 de septiembre se realizó una audiencia ante un Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla para revisar la actuación de los agentes ministeriales durante el desalojo.
No acudió la agente ministerial señalada, Ivonne Sámano, sino otros agentes quienes afirmaron que las familias desalojadas no tienen pruebas de que habitaban en el predio o que sea de su propiedad.
Con información de Sinembargo.
