Gobierno de Peña Nieto eliminó contenidos incómodos en Google, Facebook y Twitter
De enero de 2012 a junio de 2018, tanto el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto como el Poder Judicial realizaron cientos de solicitudes para retirar contenidos de plataformas digitales como Google, YouTube, Facebook y Twitter.
Según datos del informe “Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva” de la organización internacional Article 19, durante el mandato de Peña Nieto, el Gobierno restringió la circulación de información de internet valiéndose de marcos jurídicos y mecanismos privados que al final limitaron su acceso.
De acuerdo con Article 19, entre el 2012 y 2018 se realizaron 111 solicitudes para retirar contenidos de Google, de los cuales 91 fueron emitidos por el Poder Ejecutivo y 20 por el Poder Judicial.
De las 111 solicitudes emitidas, 52 fueron por “motivos” de difamación, 22 por privacidad y seguridad, 17 por derechos de autor, 2 por marca comercial, 2 por acoso, 2 por seguridad nacional, 3 por violencia, 2 por obscenidades y desnudos, 1 por fraudes, 1 por ley electoral, 2 por críticas al Gobierno, 1 por bienes y servicios regulados y 4 bajo el concepto de “todos los demás”.
Todas estas solicitudes hechas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial fueron emitidas a fin de retirar contenidos de plataformas pertenecientes a Google como YouTube, Blogger y Chrome.
Del total de solicitudes hechas por ambos poderes, el 53% fue para la eliminación de videos de YouTube, el 22% para eliminar contenido de Blogger y el 20% para el buscador de Google.
Ante esto, Google señaló que desde el 2009 se accedió a remover el 18% de los contenidos a solicitud de las autoridades. Mientras que el 29% fue mediante una orden judicial.
De acuerdo con el reporte de transparencia de Facebook, de 2013 a 2018 hubo 23 mil 598 restricciones de contenidos, los cuales en su mayoría fueron solicitados durante la segunda mitad del mandato de Peña Nieto.
Según el informe de Article 19, a diferencia de Google, Facebook no ofreció información detallada sobre los motivos por el que las autoridades solicitaron la eliminación de información. Sumado a que tampoco se distingue con claridad las restricciones hechas por autoridades, instancias públicas, usuarios y entidades privadas.
Facebook sólo ejemplificó algunos casos como el sucedido en 2016 cuando las Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) solicitó la eliminación de contenidos relacionados con la venta de productos ilegales. Mientras que en el 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó 554 solicitudes de remoción.
En el caso de Twitter, de julio de 2013 a junio de 2018, se recibieron 24 solicitudes de remoción de información por parte de agencias gubernamentales, corporaciones policiacas y otros órganos del Estado.
Al igual que Facebook, Twitter no ofrece mayor alcance granular de la información y afirmó tener el 0% de las solicitudes y ninguna llegó acompañada de alguna orden judicial.
Ante esta situación, Article 19 ha advertido que tanto las instancias de Gobierno como las entidades públicas están realizando cada vez más solicitudes opacas que buscan eliminar y restringir el acceso a contenidos que circulan por internet.
“Es indispensable conocer en qué medida el Estado cumple con el estándar de la legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad de las solicitudes para obstaculizar la circulación de contenido e información disponible en estas plataformas.”
El Gobierno no da información
Ante la poca información que existe con respecto a las solicitudes de remoción de contenidos, Article 19 emitió solicitudes de información a 22 dependencias del Poder Ejecutivo Federal y a 30 de Gobiernos estatales.
El resultado fue que cuatro dependencias respondieron que la información solicitada era inexistente, una se declaró sin facultades para responder, cinco no localizaron la información requerida y once negaron haber solicitado la remoción de contenidos.
Siento la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la única que confirmó haber hecho una solicitud a Twitter en 2018, para la eliminación de mensajes con amenazas de muerte a usuarios. Y otra más a Google a fin de que se dejara de difundir una base de datos del Gobierno Federal.
