Alto mando de la Fiscalía mexicana está acusado de torturar mujeres
En la nueva administración del Gobierno Federal no se pueden esconder los casos de corrupción o abuso de poder, ésta ha sido la consigna del titula del Ejecutivo, sin embargo, el conflicto que padece la nueva administración es la de funcionarios del antiguo régimen que ahora, tras la “purificación morenista”, han pasado al bando de la Cuarta Transformación.
Tal es el caso del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), Felipe Muñoz Vázquez, quien es acusado de haber cometido diversas vejaciones, tocamientos sexuales y torturas cuando fue procurador de Justicia de Aguascalientes, en el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre.
La recomendación 17VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviada al gobierno del estado, recoge el testimonio de 19 víctimas de detención arbitraria, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, así como tortura sexual.
La CNDH señala directamente al exprocurador (identificado como AR1) de haber participado en los actos de tortura y violencia sexual.
Tras recibir la recomendación de la CNDH, a la que debe dar respuesta, el fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, dice que el caso “sí se va a investigar… con base en la denuncia que presente la comisión, esa es la parte medular”.
La comisión está solicitando a la fiscalía colaborar en la investigación contra Felipe Muñoz Vázquez y otros elementos de seguridad a través de la denuncia de hechos “que este organismo nacional presentará ante la Fiscalía del Estado en contra del personal policial y ministerial involucrado”, incluyendo a Muñoz Vázquez.
Por el momento, la FGR tiene señaladas a alrededor de 30 autoridades que pudieron haber participado directamente en actos de tortura, de las cuales cinco o seis todavía tienen cargos operativos en la FGE.
Los testimonios de las víctimas
En el año 2013, ya con Carlos Lozano como gobernador de Aguascalientes y Muñoz Vázquez como procurador, la CNDH abrió una investigación de oficio (expediente CNDH /1/2013/4123/VG) sobre la denuncia pública de los familiares de 186 personas internas en tres penales de la entidad.
Según los familiares de internos, policías ministeriales y el procurador participaron en detenciones arbitrarias y actos de tortura en una casa de arraigo y en un espacio conocido como “spa” o “gimnasio”, en las instalaciones de la Procuraduría Estatal.
En más de 100 casos, la CNDH no pudo ubicar a las víctimas o corroborar sus testimonios. Uno de los probables afectados falleció, sin que se pudieran determinar las causas.
Sólo 19 víctimas decidieron seguir con el proceso y sus casos resultaron en la recomendación final de la CNDH. Otras 27 omitieron sus testimonios por temor a represalias y seis testimonios no pudieron corroborarse, por lo que se consideran sólo como quejas. Estos son algunos de los testimonios en que Muñoz Vázquez es señalado en la recomendación por su puesto o por su clave AR1:
“(…) me aventó contra la mesa (…) me empezó a pegar, a aventarme, a patearme en el abdomen, vientre bajo, en las piernas, que me hizo caer de rodillas, otro me jaló el cabello (…) Estaba hincada (…) el procurador (…) me tomó otra vez del cabello y me aventó (…) me volvieron a dar cuatro patadas diferentes hombres, después el procurador me golpeó con algo en la cabeza y perdí el conocimiento (…) me senté y sentí un dolor muy fuerte en mi vientre”, relató la víctima con la clave V2.
Ella y otra mujer (V6) fueron detenidas el 14 de septiembre de 2011 en diferentes lugares. Las dos fueron torturadas y violadas sexualmente por policías ministeriales, incluido el entonces procurador, según se comprobó en la investigación de la CNDH.
Por el caso V2 la comisión señaló que “el Ministerio Público titular debió ordenar los exámenes médicos correspondientes para descartar cualquier agresión de índole sexual, aun cuando se tratara de AR1, servidor público que denotó un total desprecio, contrario a la dignidad de V2, aun cuando ésta se encontrara detenida”.
Otra víctima, que obtuvo su libertad el 14 de diciembre de 2017 fue asfixiada en varias ocasiones durante su detención y “tres elementos de la policía ministerial la desnudaron completamente, (y) le introdujeron los dedos en la vagina diciéndole que la iban a matar.
Ante tales acusaciones, la nueva administración ha hecho mutis y se espera la pronta respuesta de la Fiscalía General de la República.
