De cómo Peña Nieto remató las playas del país

Las playas mexicanas son consideradas un edén para nacionales y extranjeros. Las blancas arenas, el mar azul, la brisa y la tranquilidad son características de las playas del país. Sin embargo, de uno años para acá, las cosas han cambiado, las playas ahora sólo son accesibles para aquel que pueda pagarlo, son privadas. ¿Quién es el responsable de todo esto? En parte, podría ser culpa de la administración saliente, del gobierno de Enrique Peña Nieto.

A través de una investigación realizada por VICE México, fue dado a conocer que durante el 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto, otorgó 268 títulos de concesión a particulares y empresas privadas en playas mexicanas. Este número equivale al doble de concesiones autorizadas en 2017, que se contabilizan en 123.

Las licencias fueron otorgadas a particulares para poder usufructar y explotar la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en las costas del país. La Zofemat concesionada se compone de más de 3 millones de metros cuadrado de playas en los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Nayarit, un total de quince estados.

La mayoría de estos estados ya estaban siendo impactados por las reformas de 1992, en el que se modificó el Artículo 27 Constitucional a razón de permitir el otorgamiento de concesiones de la Zofemat a particulares. Durante los casi 30 años que ha estado en vigencia la legislación actual, cientos de habitantes de las zonas costeras han sido desplazadas para dar paso a desarrollos hoteleros, residenciales, restauranteros o deportivos.

De acuerdo con los datos del registro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fueron otorgadas concesiones a 158 particulares y 110 empresas durante el 2018. De estos permisos, 98 fueron por un plazo de 15 años, 35 por cinco años y por tiempo indefinido, 134 concesiones.

Cabe destacar que las concesiones otorgadas en 2018 (265) y 2017 (123) no han sido las únicas, ni los años que se han otorgado mayor cantidad de ellas. Nada más entre 2015 y 2018, el gobierno de Peña Nieto emitió 1 mil 477 títulos de concesión para la explotación de las Zofemat. Esto da un promedio de 369 permisos por año, prácticamente uno al día durante los últimos cuatro años del gobierno anterior.

Quintana Roo y Nayarit encabezan concesiones.

Quizá el caso más sonado en los últimos tiempos respecto a la toma de zonas aledañas a las costas en Quintana Roo, es el caso del llamado Malecón Tajamar. El conflicto surgió a raíz de la limpieza del terreno, iniciada en 2016, para la construcción de un mega desarrollo inmobiliario en una zona de humedales, ecosistema para decenas de especies.

A la zona arribó maquinaria escoltada por policías estatales, del gobierno, en ese entonces, de Roberto Borge Angulo, ahora preso por diversos delitos ligados a la corrupción. Al enterarse, los ambientalistas llegaron al punto de exigir a través de la plataforma Change.org, que se retirara a México la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP 13). Fue así como la lucha por la conservación de Tajamar, se volvió un emblema de la protección medioambiental en Quintana Roo.

Sin embargo, el reclamo generado por Tajamar no ha detenido al Gobierno Federal de concesionar miles de metros de playas quintanarroenses. Tan sólo en 2018, fueron entregados 56 títulos, 35 de ellos fueron entregados a inmobiliarias como Papaya Playa (14 mil metros cuadrados), Riberas de Cancún (Dos permisos, uno de 13 mil y otro de 14 mil), Magogon (13 mil metros cuadrados), MX Riusa (14 mil metros), Inmobiliarias Puerto Bonito (13 mil metros) y finalmente, Deutsche Bank (11 mil metros cuadrados). De esta manera Quintana Roo se posiciona como el estado con el mayor número de concesiones.

Después de Quintana Roo, se ubica Nayarit, sede del desarrollo turístico promovido por Fonatur denominado, Fideicomiso Bahía de Banderas o Fibba. Gracias a este proyecto se han concesionado y vendido predios frente a las playas de Nayarit. Para tal efecto, los terrenos de decenas de ejidatarios tuvieron que ser expropiados, la mayoría de ellos en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela.

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas para los habitantes de la costa de Nayarit, gracias a este desarrollo, las comunidades han caído presa del desalojo. Ante esto, se han manifestado cerrando los caminos, lo que ha derivado en que sean perseguidos, encarcelados e incluso torturados por los policías de su estado. Uno de los casos más sonados al respecto, es el de El Monteón, dónde en 2009, policías antimotines y judiciales de la procuraduría nayarita, golpearon y sometieron a pobladores de la costa del estado.

En total el gobierno de Peña Nieto concesionó 32 mil metros cuadrados en el municipio de Bahía de Banderas y 36 mil en el de Compostela. Las inmobiliarias beneficiadas fueron MX Riusa II, BD Beach, Punta Bandera GM, Proyectos Inmobiliarios de Culiacán y Paradise Village Contruy Club.

Sinaloa y Baja California, los otros que se quedan sin playas.

En tercer sitio se ubica el estado de Baja California, un estado dónde el Centro de Innovación Ambiental denunció que no hay suficiente infraestructura para tratar las aguas negras producidas por la entidad. Gracias a estas deficiencias, las playas de Rosarito y Tijuana están contaminadas. Sin embargo, eso no impidió que el gobierno otorgue concesiones a las inmobiliarias Mexicana del Arco, Inmobiliaria El Retiro de Tijuana y Paladín Redi-Baja.

Después de Baja California, se encuentra el estado de Sinaloa, en el cual se otorgaron 26 títulos de concesión en el 2018. La mayoría de estas concesiones fueron otorgadas en los municipios costeros de Ahome, Culiacán y Mazatlán.

Irregularidades en el pago de las concesiones.

La Auditoría Superior de la Federación reveló en su último informe que, todo lo relacionado al pago de las concesiones de la Zofemat, presenta irregularidades. De acuerdo con la ASF, el estado mexicano pudo haber perdido más de 375 millones pesos en el 2016 por discrepancias en el cobro de las concesiones. La federación cobró ese año un total de 704 millones de pesos por otorgar 6 mil 842 pesos, esto quiere decir, que cobró aproximadamente 103 mil pesos por cada uno. A esto se suma, que de los 17 estados que registraron el otorgamiento de derechos, sólo 10 reportaron su cobro.

No existe certeza respecto al dinero que debe o debió ser ingresado por el otorgamiento de concesiones, por ejemplo, hay estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, que en total cuentan con 5 mil 833 concesiones, que no han reportado un sólo peso de ingresos por motivo de su otorgamiento.

Y es que ni la Semarnat, ni el SAT, tienen facultades para vigilar los cobros de las concesiones, esto debido a que la facultad del cobro de derechos corresponde a los municipios y corresponde a estos, reportarlos a la federación, si no lo hacen, este dinero simplemente no es cobrado. Hasta el momento estas siete entidades mencionadas en el párrafo anterior, no han reportado ingresos por motivo del pago de derechos de Zofemat.