Abogados de Peña Nieto cobraron 479 millones de pesos en el sexenio
Durante su sexenio, Enrique Peña Nieto usó un ejército de abogados lo mismo para desacreditar pruebas que para consolidar sus reformas estructurales, el nombre de este ejército es conocido, se trata de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), en la cual el Gobierno Mexicano gastó 479.5 millones de pesos en la asesoría y protección legal de Peña Nieto.
El monto corresponde a la nómina de los 108 funcionarios que resolvieron los problemas legales del presidente, de los cuales, 22 devengaron salarios entre 100 y 211 mil pesos, similares a los de un secretario de Estado o el mismo presidente de la República.
El perfil de los abogados
Entre los hombres que ayudaron a Peña Nieto se encuentran amigos cercanos, licenciados recientemente titulados, pero eso sí, todos con un sueldazo:
• Juan Carlos Reyes García, consejero adjunto de consulta y estudios constitucionales (205 mil 738 pesos).
• Ricardo Celis Aguilar Álvarez, consejero adjunto de control constitucional y de lo contencioso (205 mil 738 pesos).
• Manuel Gerardo Mac Farland González, consejero adjunto de legislación y de estudios normativos (205 mil 738 pesos).
• Alejandro Rodríguez Martínez, titular del Órgano Interno de Control (200 mil 444 pesos).
• Alberto Pérez Canales, jefe de la Oficina del Consejero Jurídico (200 mil 444 pesos).
De ellos, sólo Ricardo Celis Aguilar Álvarez tiene Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Rodríguez Martínez se licenció en la Universidad Latinoamericana; Mac Farland González lo hizo por la Escuela Libre de Derecho y Pérez Canales en la Universidad Anáhuac; Granados Fernández y Reyes García se prepararon como abogados en la Universidad Panamericana, donde estudió Peña Nieto.
Alberto Pérez Canales es hijo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, y cuando ingresó al equipo de consejeros jurídicos aún no había concluido la Licenciatura en Derecho. Lo consiguió en 2015 y ese mismo año se tituló.
Los trabajos de la Consejería
Sobre todos los asuntos jurídicos de la administración, Ayotzinapa se volvió el más polémico. Los abogados de Peña Nieto descalificaron la indagatoria del GIEI que trabajó en México para brindar luces sobre qué ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero. Según la “verdad histórica” presentada a los padres, los normalistas fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Los delincuentes los habrían asesinado e incinerado en un basurero de Cocula, Guerrero.
"Si guardáramos un minuto de silencio por cada persona asesinada desde que inició la guerra contra el narcotráfico, estaríamos más de 6 meses en silencio": @FundarMexico
El sexenio de @EPN y el luto en el que deja al país. pic.twitter.com/CiQdhOGQ3V
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 29, 2018
En un acto jurídico sin precedentes por el desvío de recursos en Chihuahua, la CJEF presentó ante la SCJN una controversia constitucional para evitar las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones, carpetas de investigación, así como solicitudes de información mediante el INAI, su coartada fue decir que los gobiernos estatales pueden denunciar delitos del fuero común, pero no del federal. Así, Peña Nieto y los miembros de su gabinete quedaron protegidos ante el caso Chihuahua.
Fueron los consejeros jurídicos los que lograron que en 2014 un tribunal colegiado en materia administrativa resolviera darle carácter privado y reservado a un expediente clínico que contenía el estado de salud del presidente, bajo el principio de la protección de datos personales. Eran momentos en que su apariencia despertó la suspicacia y se especulaba sobre una enfermedad del presidente.
Los abogados y sus excesos
Instalada en el Palacio Nacional durante el sexenio que acaba, la Consejería Jurídica no tuvo la visibilidad de otras dependencias gubernamentales, pero también tenía las costumbres de despilfarro del gobierno de Peña Nieto.
.@EPN se va reprobado. via @Reforma pic.twitter.com/1g39WiHckK
— Guillermo Barba (@memobarba) November 29, 2018
El gran ejemplo de los onerosos gastos es que sólo en agosto de 2013, se hicieron seis pedidos de trajes de vestir para dama y caballero a Grupo Vanity y Grupo Lafi por 663 mil 798 pesos. El pedido más grande fue por 165 mil 288 pesos.
El ejército de abogados de Peña, de 2014 a 2017, ordenó alimentos para las reuniones de trabajo en compras que sumaron 1 millón 26 mil 612 pesos a Superissste, Gipe y Comercializadora Inner.
Por si fuera poco, los vehículos no faltaron la Consejería, ya que en 2014 se gastó en arrendamiento de autos 5 millones 147 mil 965 pesos. También compró un coche en Peregrina Automotriz del Centro por 384 mil 449 pesos, en 2013. En 2014 adquirió vales para combustibles destinados a los vehículos oficiales por 708 mil 865 pesos.
