Peña Nieto ignoró a los pueblos indígenas en la mayoría de las obras federales del sexenio
En México no es posible contabilizar el número de proyectos de infraestructura que afecta a las comunidades indígenas, que nunca fueron consultadas. Pero por la cantidad de los pueblos originarios que hoy en día se resisten, evidencia la falta de voluntad política del Gobierno Federal de considerar los derechos de estos grupos.
Una investigación publicada este viernes por el diario digital, Sin Embargo, señala que este problema no se limita solamente al sexenio de Enrique Peña Nieto, sino también a las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Un ejemplo de esto se puede ver en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde desde 1994 comenzaron a ser instalados los primeros parques eólicos, y fue hasta el 2014, con 21 parques construidos en total, cuando las autoridades decidieron consultar a los pobladores para saber si estaban a favor o en contra.
Los principales municipios generadores de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec son: Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y El Espinal. Fuente: Revista Eólica
De acuerdo, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, los pueblos originarios tienen el “derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias…y los gobiernos están obligados a establecer los medios a través de los cuales lo pueblos pueden participar libremente en las instituciones responsables de las políticas y programas que les concierne.”
Sin embargo, Eduardo del Pozo, Coordinador del Programa Territorios, Derechos y Desarrollo de Fundar, considera que en el país existen un sinnúmero de proyectos y concesiones mineras, de los cuales se han omitido por completo la obligación de consultar.
Sumado a que la Reforma Energética, propició que el Gobierno de Enrique Peña Nieto incluyera figuras legales que permiten la ocupación de la tierra y territorio de los pueblos indígenas.
De acuerdo con Fermín Ledesma, investigador del territorio zoque de Chiapas, el Convenio 169 de la OIT es desconocido para las comunidades.
“Sí hay un aprovechamiento por parte de las autoridades para dejar entrar estos megaproyectos. En el caso de la lucha de los pueblos zoques, el gobierno mexicano dijo que estaba llevando a cabo la consulta de acuerdo al Convenio 169, pero la estaba utilizando como un recurso político porque en realidad a las comunidades llegaban los funcionarios ya con un acta previamente elaborada y solo se debía someter a la firma de las autoridades tradicionales”
Un Estado que no cumple y criminaliza
A pesar de que la Suprema Corta de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias para que se realicen consultas en lugares donde se llevan a cabo obras, el resultado tampoco ha tenido éxito debido a que los responsables de implementarlas no realizaron adecuadamente los estándares que ordenó la corte.
Entre las denuncias que se han dado a conocer, es que la información presentada durante la consulta está manipulada y mientras se realiza, la actividad industrial continua ilegalmente, y se criminaliza a los voceros de los movimientos indígenas.
La Relatoría de los Pueblos Indígenas ha indicado que la manera en que el Gobierno implementa los procesos de consulta viola los principales parámetros, ya que, son implementadas cuando los permisos ya han sido asignados y se dan en un entorno de criminalización.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado en sus informes lo contraproducente que puede resultar que una consulta “de buena fe” tenga el objetivo de dividir a las comunidades.
De acuerdo con datos de las autoridades, en los últimos 5 años se han realizado consultas sobre diversos temas relacionados con 32 megaproyectos, sin embargo, no existe información de cómo se hicieron y cuáles fueron sus resultados.
Lee la investigación completa en Sin Embargo
