Comunidades mayas exigen zonas libres de transgénicos en la península de Yucatan
Más de 30 comunidades mayas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se unieron para pedir que la península se convierta en una “zona libre de transgénicos” y rechazaron todos los proyectos de la siembra de alimentos genéticamente modificados.
Los representantes de estas comunidades se reunieron en la capital de Campeche, donde acordaron una agenda conjunta que les permita ir unidos contra las violaciones a sus derechos humano y la discriminación que padecen todos sus miembros, entre ellas las pruebas de siembra de transgénicos.
Apenas el 17 de septiembre pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), revocó el permiso de cultivo de soya genéticamente modificada a la empresa Monsanto en la península de Yucatán, argumentando que la empresa ha hecho un manejo no confiable de la tecnología autorizada para utilizarse en el país.
“No existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”, dijo la dependencia.
Esta instancia había dado permiso a Monsanto para sembrar con fines comerciales este tipo de soya en siete entidades del país, incluyendo los tres estados de la península.
Antes de la decisión de Senasica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había determinado la inconstitucionalidad del permiso otorgado por la dependencia, pues no se realizó una consulta libre informada y culturalmente adecuada a favor de las comunidades mayas donde se realizaron las siembras y cuyos territorios se vieron afectados por estos cultivos.
“A 5 años de haber otorgado el permiso, este acto administrativo del Senasica es producto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias que comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos han realizado por la siembra ilegal de soya transgénica en diversas comunidades mayas de la Península, esto a pesar de que el permiso se encontraba suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, dice el comunicado emitido por los representantes de las comunidades.
Pero la decisión de Senasica no es definitiva, por lo que las comunidades siguen exigiendo la suspensión de los procesos de consulta, hasta que las instancias correspondientes den el fallo definitivo de la suspensión del permiso que tiene Monsanto.
De igual manera, las comunidades mantienen su demanda de atender las quejas de violaciones a los derechos humanos que se han suscitado en las distintas comunidades y cuya denuncia se presentó en marzo de 2016 en Hopelchén, Campeche.
En la reunión también se recordó que en toda la región poniente de Bacalar, Quintana Roo, y en Campeche se sigue sembrando soya transgénica, a pesar de que la suspensión para el cultivo se dio desde 2016.
Esto significa que la empresa está violando una sentencia judicial emitirá por la Suprema Corte y el proceso de consulta que mandató el tribunal.
“También es clara evidencia de que en México no existen medidas adecuadas de bioseguridad que garanticen la siembra de transgénicos sin que exista riesgo de contaminación y dispersión”, aseguraron los representantes de las comunidades.
Los participantes en el encuentro también señalaron que las instituciones mexicanas omitieron investigar otras consecuencias de la siembra ilegal de la soya transgénica: contaminación del agua, uso masivo de agrotóxicos, la afectación de pestos a la apicultura y a la salud humana, así como la deforestación desmedida.
Además, señalaron que la cadena de distribución de la semilla en su totalidad debe ser incluida en las investigaciones, hasta las bodegas donde se almacena y distribuyes el grano.
Esta parte del proceso también debe calificarse como una responsabilidad penal, no solo administrativa como ha ocurrido hasta este momento, pues la distribución y siembra de organismos genéticamente modificados no autorizados es un delito.
De hecho, existen dos carpetas de investigación abiertas en la Procuraduría general de la República (PGR), sin que hasta el momento tengan una resolución concreta.
En la reunión, los integrantes de las comunidades también exigieron detener los parques eólicos y solares que se planean construir en la región, pues atentan contra sus derechos, tal como lo hacen los cultivos de soya transgénica.
“Es obligación de todos los órganos e instancias del Estado mexicano hacer efectivos los derechos que como pueblo originario tenemos a decidir en nuestros territorios, a vivir en un ambiente sano, a la salud, nuestra autonomía y libre determinación”, puntualizaron los asistentes a este encuentro.
Con información de Aristegui Noticias
