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PRD designa a diputado con antecedentes penales para coordinar su bancada

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La dirigencia nacional del Partido del Revolución Democrática (PRD) designó a Ricardo Gallardo Cardona, diputado quien cuenta con antecedentes penales, como coordinador de su bancada en San Lázaro.

Gallardo Cardona fue acusado en 2014 del desvío de 200 millones de pesos, cuando fungió como alcalde del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, delito por el cual se le dictó auto de formal prisión en enero de 2015.

Pese a ello, a partir de ahora, el diputado coordinará el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados para el primer año de la próxima legislatura, por decisión unánime en una votación realizada en una reunión plenaria de la dirigencia nacional.

¿Quién es Ricardo Gallardo Cardona?

Egresado de la Universidad del Centro de México (UCEM) de la licenciatura en Derecho; la carrera de Gallardo comenzó en la industria privada desempeñándose como Gerente General de la empresa Gallardo Continental, de 2001 a 2011.

De acuerdo con un comunicado de la dirigencia del PRD, Gallardo cuenta con la experiencia del servicio público y liderazgo necesario para que los representantes de la sociedad por el PRD, realicen un trabajo responsable en la Cámara de Diputados.

Fue acusado de realizar fraude con dinero del erario público, delito del cual se exoneró en diciembre de 2015 y para 2018 reanudó su carrera política al postularse al Senado por su entidad natal.

Su candidatura tuvo un traspié en marzo pasado, cuando debido a la política de cuota de género que exigía el Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo que dejar el cargo para postular a su esposa, Ruth Miriam González Silva.

Pese a ello, hoy en día, Gallardo como futuro legislador, ocupa un lugar clave en la Cámara de Diputados al representar los intereses de su partido en San Lázaro.

Los antecedentes penales

Gallardo estuvo casi 11 meses internado en el penal de Hermosillo, Sonora, hasta diciembre de 2015, cuando fue exonerado de realizar el presunto fraude, el cual supuestamente se perpetuó cuando gobernó el municipio entre octubre del 2012 y agosto del 2014.

La acusación señala que Gallardo realizó transferencias de dinero del erario a tres empresas, algunas de las cuales están radicadas en Estados Unidos, mismas que presuntamente eran de su propiedad.

Gallardo también enfrentó severas acusaciones, referentes a incitar un clima de violencia en el municipio de San Luis Potosí durante su administración, misma que se propagó al siguiente gobierno, liderado por Ricardo Gallardo Juárez, su padre, quien encabezó el municipio de 2015 a 2018.

La investigación fue realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a que se detectaron transacciones financieras inusuales en las cuentas del municipio potosino.

De acuerdo con la indagatoria, los recursos eran triangulados desde dichas cuentas para esconder su origen y destino, ya que además del desvío de recursos públicos se sospecha que también se transfería dinero proveniente de actividades ilícitas, sin que las autoridades federales hayan identificado a un grupo delictivo en particular.

Sin embargo, Gallardo salió en libertad a inicios de 2016, al comprobar su inocencia en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y vez solventadas todas las acusaciones en su contra.

Además, fue absuelto de todos los cargos que se presentaron en su contra en el CEN del PRD y regresó a la militancia dentro del organismo político, misma que lo llevó a ocupar su actual cargo.

Por su parte, Gallardo agradeció a sus compañeros el nombramiento y sostuvo que se “trabajará con organización, eficacia, respeto hacia las distintas opiniones en el grupo legislativo perredista, pero sobre todo enarbolando la representatividad de las personas, especialmente la de los grupos más vulnerables”.

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