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Se abrió la posibilidad a la privatización del agua: especialistas

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Privatización del agua

A partir de la firma de los 10 Decretos de Reserva de Agua, que el presidente Enrique Peña Nieto realizó el cinco de junio pasado (12 días antes del partido de la selección mexicana contra Alemania en el mundial Rusia 2018), las alarmas sobre la privatización del agua se volvieron a encender.

Una noticia falsa circuló en los medios: que el gobierno, mientras se jugaba el mundial, había decretado la privatización del agua en nuestro país; en realidad, este debate tiene años en la agenda nacional, a partir de la controvertida Ley Korenfeld, a la que le siguió la igualmente discutida Ley Pichardo.

A partir de la firma de los 10 Decretos, el debate se reavivó, y tanto Organizaciones No Gubernamentales, como las propias dependencias involucradas en las reformas, incluso organizaciones internacionales como la World Fitness Federation (WFF), salieron a emitir sus opiniones: ¿los 10 decretos son privatizadores? ¿Qué significa el levantamiento de la veda a las cuencas hidrológicas de México?

Esas preguntas son las que intentó responder Verificado 2018, a través de una serie de entrevistas a especialistas e intelectuales con conocimiento del tema: una de las principales conclusiones es que, en efecto, la firma de los 10 Decretos abre una ventana a la privatización, pues permite la entrega de concesiones, aunque no son privatizadores en sí mismos.

Sobre los 10 Decretos firmados por Peña

Los 10 Decretos de Peña en esencia hacen una sola cosa: levantar una veda a casi 300 cuencas hidrológicas, que equivalen al 55% de los lagos y ríos del país.

Una veda es una figura que impide al gobierno el uso del agua; con el levantamiento de esa veda, se transita de un régimen de prohibición total, a uno de reserva, que le permite al Estado el uso parcial de dichas aguas.

Entrevistado por Verificado, Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales UNAM, al respecto explica lo siguiente: “los decretos hacen que el gobierno esté habilitado para dar concesiones sólo en cuatro campos: uso personal, doméstico, producción de energía y protección y conservación ambiental; sigue siendo restrictivo, pero más abierto que la veda”.

https://twitter.com/gobmx/status/1008836579782217728

En cada decreto, publicados todos en el Diario Oficial de la Federación, se especifica el porcentaje del agua que podrá ser utilizado tras el levantamiento de la veda. Los ríos que entraron al régimen de reserva fueron, como lo pone Verificado, los siguientes:

Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

La postura de las ONG’s

Desde el debate de la Ley Korenfeld, luego Ley Pichardo, uno de los principales argumentos en contra de cualquier concesión del recurso hídrico mexicano a terceros, es que sólo saldrían beneficiadas las compañías energéticas y mineras que operan en el país.

Miguel Ángel Montoya, consultor de Gestión Integral del Agua, opinó en su momento que una reforma como la que implicaba la Ley Pichardo, era en realidad la “joya de la corona” de la Reforma Energética, ya que se cerraba el círculo: se otorgaban permisos a terceros sobre recursos energéticos, algunos de ellos no convencionales (shale gas) y después sobre los recursos hídricos para extraerlos (fracking y trasvase).

Además, opinaba que el sistema de concesiones, en las leyes mencionadas, estaba mal estructurado ya que se podían heredar las concesiones simplemente con un contrato de Conagua, y no existían condiciones claras para la remoción de la concesión.

En el marco del presente debate, la ONG, Agua para Todos, en un análisis, se pronunció exactamente en el mismo sentido: “Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Además, señala que la vigencia de las concesiones pasa de 30 a 50 años, con la posibilidad de que cada estado pueda solicitar los volúmenes requeridos; con ello, “se sientan las bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de servicios de agua y saneamiento”.

En diciembre de 2017, esta misma organización publicó un cuadro comparativo entre la Ley Pichardo, y la propuesta de Iniciativa Ciudadana, que ilustra de qué forma las reformas están hechas para el privilegio de las corporaciones y no de los pueblos.

La postura de Conagua, Semarnat y WFF

Ante el estallido del debate, la Conagua, en un comunicado, se pronunció en un sentido absolutamente contrario: el levantamiento de la veda tiene que ver con la protección de las 300 cuencas, toda vez que, con los decretos, “295 de las 757 cuencas del país habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas”.

Según Conagua, en titularidad de Roberto Ramírez de la Parra, el levantamiento de la veda estuvo destinado a garantizar el acceso al agua de al menos 18 millones de mexicanos que habrán de nacer los próximos 50 años, y a la preservación de los ecosistemas. Incluso serviría para “amortiguar el cambio climático, pues se conservarán lugares emblemáticos que no hay en ningún otro lugar del planeta, como la Selva Lacandona en Chiapas y no se afectan derechos y concesiones de otros usuarios, ya que versa sobre el agua disponible”.

En Twitter, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán, explicó que el levantamiento de la veda no implica privatización de ningún tipo, sino que garantiza el acceso agua y protege al medio ambiente, ya que quedaron en reserva al menos el 93% de los escurrimientos superficiales de las cuencas.

“Con los decretos de Reservas de agua, México supera en 12% las recomendaciones internacionales en cuanto al volumen de agua asociado a caudal ecológico. Estamos siendo más previsores ambientalmente que países del primer mundo sin otorgar beneficios a particulares”, explicó en una tira de Tweets.

El organismo internacional WFF, que, según Pacchiano Alamán, apoyó al gobierno mexicano en todo el proceso de diseño de los decretos, también se pronunció al respecto, y explicó algunos puntos esenciales.

“Las reservas de agua no representan de ninguna manera la privatización del recurso, ni la extinción de ningún derecho al uso del agua vigente. Por el contrario, establecen claramente volúmenes de agua que deberán quedar intactos para la biodiversidad, lo que redundará en beneficio de todos, empezando por las comunidades rurales e indígenas”.

Sostiene que en las 300 cuencas donde se levantó la veda, al menos el 70%, y en algunos casos el 93% queda protegido para el ambiente, “por lo que no puede ser extraído para ningún tipo de uso”; un 1% más “queda reservado para asegurar el abastecimiento por el crecimiento de la población al 2070”, y 29% y en algunos casos sólo el 3% “es susceptible de ser concesionado por el Gobierno para cualquier actividad, bajo instrumentos diferentes a las reservas y mediante los procedimientos establecidos en la legislación vigente”.

Se va a concesionar al agua sí o no

Si bien de la Parra, titular de Conagua, dejó claro que la dependencia bajo su cargo, la Semarnat y el gobierno de Peña, a pesar de que el levantamiento de la veda se los permite, decidieron no concesionar los recursos, algunos especialistas son escépticos, y aseguran que ese es exactamente el sentido de las reformas.

“Si bien tuvimos que reformar la ley actual lo hicimos con la finalidad de reglamentar el derecho humano al agua y eliminar la veda para garantizar el suficiente abasto de agua para la población durante los próximos 50 años”, dijo de la Parra.

Sin embargo, Rodrigo Gutiérrez, el investigador de la UNAM, opina que: “no es una privatización, pero sí habilita el uso de agua para usos privados. Técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes que antes estaban en manos del gobierno”.

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