Obras inexistentes y material de mala calidad es lo que encontró la ASF en el Paso Exprés
El Paso Exprés, construido en Cuernavaca, Morelos, es una obra plagada de irregularidades: pagos por obras no realizadas, gastos inflados, material inexistente y encima de todo, es una obra de mala calidad.
El informe de fiscalización de la cuenta pública de 2016, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, señala que se realizaron pagos inflados por 186 millones.
Además, hay gastos que no han sido explicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 108.6 millones de pesos que pagó la SCT de manera indebida a través del Centro SCT Morelos; 270 millones más de irregularidades que se pueden recuperar y 31.8 millones de pesos pendientes por aclarar en la revisión de los contratos firmados en 2015.
La obra tuvo un costo de dos mil 213 millones de pesos. Y tan solo tres meses después de haber sido inaugurada, se abrió un socavón y dos personas murieron cuando cayó el vehículo en el que viajaban.
Al revisar los registros de la obra, la ASF determinó que el material que utilizaron era de mala calidad y no se construyó correctamente, aunado a todas las irregularidades que existen en el gasto de los recursos.
Por ejemplo, se encontró que supuestamente compraron material, pero no aparece ni en la obra ni en las bodegas.
Otra irregularidad es que, en 2014, Banobras pagó 59 millones de pesos al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para elaborar un estudio y el proyecto de la ampliación del Paso Exprés, a pesar de que el instituto no tiene experiencia en este tipo de trabajos y no está en sus atribuciones elaborar proyectos ejecutivos de infraestructura vial.
De hecho, su incompetencia quedó demostrada, ya que el INAP terminó subcontratando a la empresa ORVA Ingeniería, SA de CV, sin que hubiera alguna inconformidad.
La ASF revisó también los contratos de la ampliación del Paso Exprés, que le dieron a la empresa constructora Aldesa-Epccor, así como a las compañías SACC Ingeniería SA de CV y Desarrollo de Ingeniería Civil y Tecnología SA de CV, que tuvieron a cargo la coordinación y supervisión de la obra, respectivamente.
En esos contratos se encontró un pago de 7.9 millones de pesos para la compra de unas barreras viales sin justificación de la adquisición, mismas que no fueron localizadas.
También se contrataron andamios para los pasos peatonales que no estaban previstos en el proyecto, un pago de 184 millones de pesos por volúmenes de obra que no coinciden con el proyecto y 3.3 millones de pesos por trabajos de los que no hay constancia que se realizaron.
En total, la ASF emitió 23 observaciones, de las cuales solo tres son promociones de responsabilidades administrativas, es decir, que hay un funcionario público que debe responder por el dinero gastado.
Con información de Animal Político
