Rosario no basta, 10 secretarios de Peña Nieto deben pagar por la Estafa Maestra

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Desde que el pasado 13 de agosto Rosario Robles fue puesta en prisión, no hay día en que no surja información relacionada al caso.

Para un sector de la población en México, con el encarcelamiento de Rosario Robles se cumple la consigna presidencias de acabar con la corrupción.

Hay otro sector que piensa que el caso Robles es una simple escenificación, otra simulación desde el Gobierno Federal para maquillar las críticas y callar a los detractores del nuevo régimen.

Lo cierto es que en ninguna de las dos ideas está planteada una sensación de éxito respecto a la lucha contra la corrupción, el encarcelamiento de la exsecretaria del sexenio pasado es apenas el arranque para lograr un objetivo más complejo.

La revelación de que a Robles se le juzga no por quedarse con el dinero desviado en la Estafa Maestra, sino por ejercer indebidamente su puesto cambió el enfoque del juicio, ya que otros funcionarios podrían ser juzgados bajo los mismos señalamientos.

Deben caer más funcionarios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en sus informes sobre la cuenta pública que Sedesol y Sedatu no fueron las únicas secretarías donde el esquema de la Estafa Maestra fue ejecutado para defraudar al Estado Mexicano.

Se especula que existen al menos otros 10 secretarios de Estado del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían haber cometido los mismos actos de Robles, es decir: el ejercicio indebido de la función pública.

Es por este hecho que la captura y encarcelamiento preventivo de Robles no pueden verse como un éxito. El caso de la exsecretaria de Sedatu es relevante porque pone en entredicho el llamado “pacto de impunidad” presidencial, entre presidente entrante y presidente saliente.

Sin embargo, el verdadero triunfo para López Obrador y para la Fiscalía General de la República (FGR), será poder llevar al banquillo de los acusados a todos y cada uno de los señalados por defraudar a un país entero.

Mientras esto no suceda, tanto la opinión pública como los medios de comunicación seguirán cuestionando la consigna presidencial de que se ha acabado con la corrupción en México.