Elías Beltrán, el último hombre a cargo de la PGR podría ser detenido
Tal parece que uno de los nombres ligados a Enrique Peña Nieto está a punto de ser detenido por sus múltiples injerencias en el pasado sexenio: se trata de Elías Beltrán.
El que fuera procurador de Justicia se encuentra inmiscuido en diversos casos de corrupción y desvío de recursos, acusaciones que siempre ha negado, al grado de estar amparado para cualquier acción que pretenda ejecutar la hoy Fiscalía General de la República (FGR).
El nombre del exprocurador volvió al escenario público luego de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, declarara que pactó con la entonces PGR para que su condena fuera menos extensa.
El pacto, según duarte, consistió en un soborno para negociar que se le inculpara por un delito menor al de delincuencia organizada, motivo por el cual no fue sentenciado a más de 30 años de prisión, sino apenas a 9 años.
En 2018, cuando se supo la condena de Javier Duarte, la organización civil TOJIL, presentó ante la PGR una denuncia por trato desfavorable a la sociedad, ya la que la condena era muy baja para un caso de corrupción a gran escala.
A pesar que la denuncia pide explícitamente encontrar a los responsables del pacto con Duarte, hasta la fecha la ahora FGR no ha dado nombre ni resultados, es ahí donde figuraría el nombre de Elías Beltrán.
A pesar de las acusaciones, los abogados de Javier Duarte niegan haber tenido conocimiento de que su cliente pactara o entregara un soborno a los entonces funcionarios del sexenio de Peña Nieto.
¿Pacto y soborno?
El proceso penal federal en México en contra de Javier Duarte inició el 17 de julio de 2017, luego de su detención y extradición desde Guatemala. Concluyó el 27 de septiembre de 2018, con una sentencia condenatoria de 9 años de prisión en su contra.
De forma inicial y durante gran parte del proceso al exgobernador de Veracruz se le acusó del delito de delincuencia organizada, uno de los más graves en cuanto a sanción del Código Penal Federal, con penas que superan los 30 años de prisión.
Pero en septiembre del año pasado, y a punto de realizarse la audiencia intermedia en la que cada una de las partes presentaría sus pruebas para ir a juicio oral, los fiscales y los defensores de Duarte pidieron al juez la apertura de un “proceso abreviado”.
El “proceso abreviado”, se trata de una figura contemplada en el nuevo sistema penal, y que consiste en una especie de minijuicio exprés, en el que el acusado acepta declararse culpable a cambio de una pena reducida.
El acuerdo, detallado ante el juez en la audiencia del 27 de septiembre, consistió en que Duarte renunciaba a defenderse para declararse culpable. A cambio la PGR le modificó el delito de delincuencia organizada por uno de menor gravedad, denominado asociación delictuosa. El juez confirmó la pena de 9 años de cárcel.
