El problema de la PGR para impartir justicia es el rezago
Cuando se cuestiona la ineficiente impartición de justicia en el país las preguntas apuntan directamente a la Procuraduría General de la República, que ahora con el sello de la Cuarta Transformación cambió su nombre a Fiscalía General de la República, en un intento por desmarcarse de un nombre sinónimo de ineficiencia y rezago.
Así lo señalan los informes de resultados de auditorías de desempeño realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que concluyen que la Fiscalía es una institución que trabaja por “inercia”, ordenando actos de investigación y consignando y judicializando casos, pero cuyo rezago, sumado a la falta de indicadores de eficacia en la calidad de las investigaciones, ponen en duda su aportación a una real impartición de justicia.
“La Fiscalía no acredita parámetros de medición para evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación, ni para valorar en qué medida contribuye a la procuración de justicia eficaz y eficiente, en menoscabo de la cohesión social y una ausencia de confianza de la ciudadanía en la actuación de las instituciones del Estado”, indicaron tajantemente los auditores.
Para tener una proporción de la ineficacia de la PGR, en 2017 los jueces devolvieron más el 60% de las averiguaciones pendientes que les consignaron, una proporción cuatro veces mayor a la registrada tres años antes.
A ellos se suman los casos del nuevo sistema penal. De 123 mil carpetas de investigación iniciadas la PGR resolvió menos del 0.6% por mecanismos alternos de solución de justicia, herramienta clave para despresurizar el sistema penal. En cambio envió a los jueces más de 30 mil casos mientras que en 80 mil investigaciones determinó que no tenía elementos para proceder.
Los retos de la Fiscalía
En 2017 la PGR culminó 96 mil 915 acciones de investigación de 125 mil 273 que se encontraban en trámite, superando la meta planteada. Además realizó 302 mil 899 intervenciones periciales quedándose apenas 0.6% debajo de la meta anual planteada. En ambos casos puede decirse que cumplió con su trabajo.
No obstante, los auditores destacaron que aun cuando la PGR cumplió con estas funciones a las que está obligada, careció de indicadores específicos que permitan evaluar en qué grado este trabajo de policías y peritos permite a los agentes del Ministerio Público construir casos con mejores probabilidades de éxito y con ello procurar justicia.
“Aun cuando la procuraduría alcanzó las metas establecidas en materia de actos de investigación de peritos y policías, no contó con un parámetro de medición que le permitiera evaluar el desempeño eficiente del MP en la conducción y coordinación de la investigación (…) por lo que operó de manera inercial”, concluyeron los auditores.
El abatimiento de estos niveles de impunidad y de rezago en las carpetas de investigación y averiguaciones previas son algunos de los objetivos que el actual fiscal General, Alejandro Gertz Manero, planteó en diciembre pasado cuando compitió por el cargo que actualmente ocupa.
En su comparecencia, Gertz advirtió que la dependencia tenía un rezago de más de 200 mil casos, algunos de los cuales datan desde hace más de dos décadas. A ello se suman 22 mil órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales que tampoco se han cumplido.
El pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/004/19 por el que se crea la Unidad de Transición de la Fiscalía General de la República, unidad responsable de diseñar el esquema de transición de las áreas y asuntos de la PGR – que constitucionalmente dejó de existir en diciembre – a la Fiscalía General de carácter autónomo.
Entre las atribuciones de dicha unidad se encontrará el diseño de un procedimiento o estrategia para la transmisión de todos los casos que se encuentran pendientes. Todo ello dentro de un plazo máximo de un año.
