El gobierno de Peña Nieto también compró el software espía Galileo
La Caja de Pandora de la política mexicana está próxima a revelar sus secretos, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara hace unos días que desclasificará los archivos del aparato de espionaje del Gobierno mexicano.
Con la histórica decisión la opinión pública podrá conocer 8 mil 320 carpetas que contienen información sobre movimientos sociales y estudiantiles, contratistas, intervenciones telefónicas y casos de corrupción.
Los ciudadanos tendrán acceso a la extensa base de datos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), contenida en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que exhibirá a la luz pública los temas que investigó el órgano encargado de la inteligencia mexicana en las últimas tres décadas.
Entre los temas que quedarán al descubierto se encuentran miles de conversaciones telefónicas y correos electrónicos, las actuaciones de movimientos sociales como la APPO (Oaxaca), el #Yosoy132 (estudiantes) o el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (Javier Sicilia); también la amenaza del nivel de corrupción alcanzado en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el espionaje a políticos y periodistas mediante hackeo.
En 2005 fueron aprobadas algunas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional para permitir el espionaje de comunicaciones como llamadas telefónicas y correos electrónicos. Con el paso de los años, en las oficinas del CISEN, el uso de la figura se volvió cada vez más recurrente. Las intervenciones pasaron de algunas decenas en los primeros años de la autorización a miles en los últimos, según datos del mismo organismo.
Una historia de secretos
Fundado en 1989, en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el CISEN contó con 12 directores. Su encomienda legal era analizar información con base en una Agenda Nacional de Riesgos. Cada año, la elaboraba y de inmediato, la ponía bajo reserva por 12 años.
Hoy es posible conocer las que se generaron de 2000 a 2007 y ver que el documento incluía crimen organizado, subversión y terrorismo, dinámica demográfica, fenómenos fronterizos y migratorios, riesgos ecológicos, globalización de la economía, fortalecimiento institucional y gobernabilidad democrática.
En el pasado de México, no fue el CISEN la instancia gubernamental que puso más asuntos bajo secrecía. En realidad, el otrora órgano encargado de la seguridad nacional se encuentra en el sitio 61 del Índice de Expedientes Reservados del INAI. Su reserva no representa ni el 1 por ciento del total de asuntos guardados por el gobierno mexicano, que es de 12 millones 331 mil 979.
En el primer sitio está la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) con 1 millón 711 mil 677; en segundo está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un millón 334 mil 415 y en tercero, la Procuraduría Federal del Consumidor con 1 millón 029 mil 712.
Espiando a periodistas
Los primeros contratos que firmó el CISEN en la administración de Enrique Peña Nieto para realizar espionaje fueron con la empresa italiana The Hacking Team, que le vendió Galileo, un spyware que había servido para la intromisión en la vida de activistas y periodistas en otros países.
La empresa, especialista en espionaje, en 2015 fue hackeada y sus correos electrónicos internos fueron a parar a la plataforma Wikileaks. Ahí están almacenados y hoy pueden ser consultados.
La información revelada descubrió que al menos 14 autoridades federales como estatales, incluyendo el Distrito Federal, el Estado de México, Durango, Querétaro, Puebla, Campeche, Baja California, Tamaulipas y Yucatán contrataron los servicios de espionaje, gastando entre todos una suma cercana a los seis mil millones de pesos.
Entre misivas y negociaciones, puede verse la puja constante entre tres empresas por el mercado mexicano: The Hacking Team, Finfisher y NSO Group . Según esos correos electrónicos, el Gobierno pagó un millón de euros por el spyware Galileo, que hoy se mantienen bajo reserva.
También se informa que el sistema tuvo menos de 2 por ciento de efectividad. Dada su inutilidad, el gobierno optó por Pegasus, la herramienta fabricada por la israelí NSO Group, con la que periodistas y activistas señalan haber sido espiados.
A mediados de 2017, periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos Carmen Aristegui, denunciaron que el Gobierno federal los espiaba mediante el software Pegasus, como lo reveló un reportaje del periódico The New York Times.
Ya en 2015, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, afirmó: «Se confirma que en México, el Gobierno espía a sus ciudadanos de manera incontrolada, gastando cantidades de dinero desorbitantes y existe una poca o nula transparencia respecto a la utilización de este tipo de herramientas y su contratación», sentenció en ese entonces.
