No hay un solo caso resuelto por la Fiscalía para la Desaparición Forzada
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada es la unidad encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y entró en vigor en enero de 2018.
A pesar de que la dependencia cumple más de un año, a la fecha no ha realizado ninguna consignación por el delito de desaparición forzada; es decir, no ha solicitado al Poder Judicial una orden de aprehensión en alguno de los más de mil expedientes abiertos.
El titular de ese organismo, Abel Galván Gallardo, se mantiene al frente con opiniones dividas, entre críticas y con votos de confianza por parte de familiares de víctimas.
Previamente era la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR y nació en 2013 por la exigencia de familiares de personas desaparecidas. A partir del 16 de febrero, la Procuraduría dio a conocer el acuerdo de su conformación como Fiscalía especializada para investigación, ello como parte de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, promulgada a finales de 2017.
La Fiscalía está adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y su titular tiene la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación; dicho encargado puede ser designado y removido libremente por la persona al frente de la Procuraduría General de la República, que hoy es la Fiscalía General de la República.
Buscan pero no resuelven
José René Gómez Mendoza, titular de la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía de Desaparición de la ex PGR, informó que tienen al menos 756 averiguaciones previas abiertas y al menos 300 carpetas de investigación en proceso.
Gómez Mendoza externó que la nula consignación de expedientes se debe a la complejidad del delito de desaparición forzada en su configuración dentro del tipo penal y por la forma en que la Fiscalía Especializada, cuando era Unidad de Búsqueda” atendía los casos, en donde las acciones estaban enfocadas a “la búsqueda” y no la investigación.
“Todo lo que se refería a la investigación del delito se dejaba en un segundo plano, el esfuerzo se concentraba en la localización, y esa práctica persistió hasta que se convirtió en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el año anterior. […] las diligencias estaban enfocadas a la búsqueda, pero no hemos detectado diligencias de fondo para determinar quiénes son los responsables, cuáles eran los patrones de actuación y, sobre todo, qué sigue con los ministerios públicos”, explicó.
El funcionario también destacó que el recurso humano es escaso en la institución, pues la mayoría de los ministerios públicos están concentrados en las delegaciones ante la mayor incidencia en otros delitos.
Opiniones dispares
“Abel Galván, a quien en algún momento le dimos nuestra confianza y lejos de ayudarnos, lejos de investigar a los malos elementos de la Marina se dedicó a criminalizarnos y a perseguirnos”, se escuchó en una sala de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, en diciembre pasado. El reclamo provenía de Raymundo Ramos, de la organización Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante la audiencia para analizar el caso de las 37 desapariciones en Tamaulipas.
Fue la primera audiencia donde estuvo presente el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, en representación del Estado y donde el Fiscal de desaparecidos recibió la dura crítica de los peticionarios ante la sede del organismo internacional.
El desempeño de Abel Galván al frente de la Fiscalía ha generado diferentes opiniones de colectivos y familiares de personas desaparecidas. algunos critican su actuación y la forma de atender los asuntos, mientras que otras organizaciones aprueban su función y le dan el voto de confianza, así como quienes optaron por calificar estrictamente los pocos resultados en consignaciones de la Fiscalía especializada.
La crítica de Raymundo Ramos se enfocó al titular de la Fiscalía, a quien ha desaprobado y lo ha acusado de criminalizar a las familias, así como a las personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Por su parte, Yolanda Moran Isaís, representante de la organización Fundec, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, palomeó el en general de Galván Gallardo.
La activista indicó que el funcionario les ha mostrado disponibilidad y ha “dejado cambios sustanciales” y positivos.
