Cruzada contra el Hambre sólo atendió al 0.1% durante el 2017
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que los programas implementados durante el 2017 por el Gobierno Federal a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcN), solamente atendió al 0.1%, de los 7 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza extrema alimentaria.
Durante el 2017, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) incluyó a 10 dependencias y 16 entidades responsables de 30 programas presupuestarios previstos para la CNcN, sin embargo, la ASF determinó que ninguna de ellas reportó en qué fueron implementados los recursos que les fueron asignados.
La ASF aseguró que el objetivo de la CNcN era incidir en la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria, que tiene sus causas en la insuficiencia de ingresos económicos y en la carencia de educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos.
En su estudio la ASF detalló que los recursos asignados para atender a la población en pobreza alimentaria disminuyeron, ya que, en el 2014 fueron asignados 55 mil 94 millones 961 mil pesos, y en el 2017 pasó a 46 mil 964 millones 156 mil, es decir 14.8% menos.
Mientras que la población en pobreza extrema aumento en un 7.1%, durante el mismo periodo de tiempo: en 2014 se reportaron 6 millones 974 mil personas y en 2017 creció a 7 millones 466 mil.
De todas ellas, 5 millones 383 mil que presentaron de tres a cuatro carencias, sólo 8 mil 696 o el 0.1% recibieron atención de la Cruzada. Y de 2 millones 83 personas que presentaron de cinco a seis carencias, sólo 2 recibieron los apoyos.
El informe determinó que la Sedesol no dispuso mecanismos para obtener información que garantice el ejercicio de rendición de cuentas, debido a que no reportó en la Cuenta Pública del 2013 a 2017 datos sobre el cumplimiento de las metas de dichos programas.
Las fallas en programas como la CNcN y el Programa Nacional México sin Hambre, es que se han realizado sin ningún plan estratégico, ya que, nunca se llevó a cabo una legislación para reglamentar el derecho a una alimentación nutritiva eficaz.
Según la ASF, los programas federales carecen de un ordenamiento jurídico que defina a su población objetivo, que compruebe los apoyos y que regule la transversalidad de la política pública, para que haya control y coordinación entre los gobiernos locales y municipales, y que a cada uno se le asignen sus responsabilidades.
Incluso los datos que la Sedesol ha dado a conocer carecen de sustento, debido a que no existen pruebas que indiquen que las 7 millones de personas registradas en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) en 2017, viven en situación de pobreza extrema, ya que, solamente 17 de los 30 programas registraron a la población atendida, pero no identificaron cuáles fueron sus carencias.
La simulación de los programas federales
En el 2012, cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detalló la existencia de 61.4 millones de personas que vivían en condiciones de pobreza.
Dicha cifra correspondía al 52.3% del total de la población mexicana, sin embargo, a escasos días de que termine la actual administración el mismo Coneval reporta 62 millones de personas que carecen de un ingreso suficiente para adquirir lo más básico para vivir.
De acuerdo con un informe elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, titulado El Fracaso: Reporte especial sobre los resultados del gobierno en México frente al Hambre y la Pobreza, los programas que buscan reducir el hambre a “cero”, cayeron en el abandono sin haber rendido cuentas de sus resultados.
El más reciente análisis del INDEP 2017, elaborado por @GesocAC muestra cómo durante este gobierno se ha incrementado el número y sobretodo el monto destinado a los programas más deficientes. https://t.co/JkIXNhFmSN pic.twitter.com/MvBbZVuzck
— Cohesión Social (@FrenteaPobreza) October 24, 2018
Entre los logros que Peña Nieto presume es que del 2012 al 2016 la carencia alimentaria pasó de afectar a 27.4 millones de personas a 24.6 millones; son sólo 2.7 millones menos, lo que quiere decir que tomaría 118 años llevar esta carencia a “cero”.
Otros datos que el estudio presenta, es que, el gobierno logró que la población con ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria pasara de 23.5 millones en 2012 a 21.4 millones en 2016, es decir, que llevaría 130 años que toda la población de este nivel de ingresos fuera cercana a cero.
Con información de Animal Político
