El compadre de Peña Nieto obtuvo contratos millonarios del gobierno
Dos auditorías ordenadas por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) concluyeron que dos empresas de la familia San Román ganaron licitaciones sin cumplir los requisitos legales, además de tener irregularidades administrativas. A pesar de que se descubrió que las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapa habían cometido faltas económicas, las auditorías no se hicieron públicas.
El conflicto de interés del gobierno de Enrique Peña Nieto inició con la publicación del reportaje de la Casa Blanca, la cual compró el presidente a la familia San Román al inicio de su administración como gobernador del Estado de México en el 2005. El principal accionista de estas empresas es Roberto San Román Dunne, hijo de Roberto San Román Widerkehr, y padrino de primera comunión de Paulina Peña Pretelini, la hija mayor del presidente.
Durante los años de Peña Nieto como gobernador, del 2005 al 2011, los negocios de los San Román incrementaron ya que ganaron contratos en diversos estados del país por al menos 107 millones de dólares. Ya como Presidente, estas empresas firmaron 13 contratos con el gobierno federal lo que les aseguró 596 millones de pesos.
Vendieron materiales al doble de su precio
Desde esa época Ruiz Esparza pidió las auditorías ya que aseguró no había ninguna irregularidad en los contratos. Sin embargo, nunca se hicieron públicos hasta ahora. Esta polémica era similar a la que había pasado Peña Nieto con Grupo Higa, ya que vivía en una casa de esta compañía y ellos habían ganado la licitación del tren México-Querétaro.
San Román Dunne vendió en 485 mdp a la RATA @EPN sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado
misma que compro en EU a 240 mdp pic.twitter.com/AbGNspYlwo— MÉXICO PAÍS SIN RATEROS (@123piensa) October 24, 2017
Aristegui Noticias informó que en octubre de 2016, una empresa de Ricardo San Román Dunne vendió un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado, sin embargo lo hizo al doble del precio. La maquinaria se vendió desde Estados Unidos por un costo de 240 millones de dólares, pero en México se pagó a 485 millones de dólares, estos recursos se entregaron al gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
La auditoría realizada por Esparza contemplaba dos proyectos: el primero por trabajos faltantes en el paso a desnivel La Pila, en la México-Toluca. La segunda por trabajos de mejoramiento en la carretera Toluca-Taxco, ambos contratos ganados en licitación pública. En el primer contrato, los auditores aseguraron que la obra tenía planeación, programación y presupuesto deficientes. Se pretendía que el desnivel costara 78 millones de pesos, pero se solicitaron 43 millones de pesos extras.
Se encontraron más irregularidades, para empezar, la licitación no cumplía con los requisitos necesarios de las licitaciones públicas. Juan Manuel Carrillo, subdirector de Contrataciones de la SCT hizo los actos de licitación, pero no estaba acreditado para hacerlo. La empresa debía acreditar la construcción de 50 km pero solo acreditó 43, además, no presentaron documentación para comprobar la participación de contratos por 60 millones con organismos públicos, entre otros problemas.
Del segundo contrato, los auditores se dieron cuenta que la SCT descalificó a la empresa que presentó el costo más bajo, por lo que se dio de nuevo a la empresa de los San Román. Otro de los problemas fue que no comprobó el gasto de 6 millones de 570 mil pesos. La empresa entregó la fianza del anticipo a destiempo por lo que se tuvo que extender el plazo de construcción de la obra. Aunque esto ameritaba una multa, las autoridades lo dejaron pasar.
Auditores federales también han revisado a las constructoras, la Auditoría Superior de la Federación les realizó observaciones 104 millones 177 mil pesos. En 2016, los diputados del PAN buscaron promover un exhorto al Presidente para que informara los detalles de las obras debido al conflicto de interés, pero el PRI estuvo en contra.
Desde principios del 2015 las empresas no volvieron a tener licitaciones públicas pero aún hay 596 millones de pesos en contratos que no han sido auditados.
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