Apenas el 1% de los funcionarios acusados son despedidos en México | BREAKING
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Apenas el 1% de los funcionarios acusados son despedidos en México

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En el año 2015, en México se dio pie a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo objetivo es el de reducir la impunidad en la administración pública. Sin embargo, en los últimos años los casos de corrupción que han tenido lugar en el país siguen sin ser atendidos, ya que, en la mayoría de los casos quedan en sanciones menores.

Así lo ha revelado el informe “Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción”, elaborado por el investigador Luis Darío Ángeles, y publicado por la organización civil Impunidad Cero.

En el reporte se asegura que aunque dentro de la SNA se desglosa la norma secundaria “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, que establece un marco legal para la percusión y sanción de faltas administrativas, la eficacia para imponer penas por conductas administrativas sigue siendo muy baja.

Ya que, de acuerdo con datos de la organización, solamente siete de cada cien casos conocidos derivan en una sanción efectiva, cuestión que ha provocado que México se encuentre en el lugar 135 de 180 del Índice de Percepción de la Corrupción 2017.

Además de que el reporte de Impunidad Cero señala que desde el año 2012 hasta el 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó un total de 45 mil 108 penas contra funcionarios públicos por “malas prácticas o irregularidades administrativas.”

Pero de todas ellas, solamente el 28%, es decir, 13 mil 10, tuvieron sanciones, sin embargo, menos del 1%, o sea 404 funcionarios, resultaron destituidos de su cargo, mientras que el 1.7% derivó en una multa económica.

De acuerdo, con el trabajo de Darío Ángeles, la SFP solamente resuelve el 13.40% de las denuncias que recibe, lo que deja en un 86.6% la impunidad en la administración pública federal. 

Sin embargo, el 63% de las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública se encuentran congeladas debido a que se están impugnadas.

Según el informe de la organización civil, desde el año 2002, cuando fue creada la SFP, hasta el año pasado se impusieron 16 mil multas económicas por 34 mil 855 millones de pesos a funcionarios, de los cuales solamente se percibieron 158 millones de pesos, lo que representa el 0.5% de las sanciones.

En una entrevista que realizó el portal Animal Político a  Luis Darío Ángeles, el investigador aseguró no saber con exactitud cuáles son los criterios que la autoridad toma en cuenta para penalizar a los funcionarios públicos, esto debido a que la dependencia no señala la conductas que se están estudiando o si el proceso de investigación es el adecuado.

Asimismo, el autor de informe sentenció que si bien un primer paso para resolver este problema es el de que se aumenten las denuncias por corrupción, esto no servirá de mucho si  la autoridad no sanciona con penalizaciones fuertes, el nivel de impunidad seguirá subiendo.

Señalando así la existencia de varios “niveles” que obstaculizan que los casos de irregularidad o de corrupción que quedan impunes.

Puesto que existen casos en los que “entran en un embudo” donde las acusaciones hechas en contra de funcionarios quedan perdidos, y nunca se conocen o se proceden a su investigación.

El otro nivel es el inicio formal del procedimiento, es la parte del “embudo”, que representa la resolución por parte de la autoridad, en la cual todas las irregularidades quedan sin alguna sanción, y en algunos otros casos otro obstáculo es cuando la defensa del demandado recurren a otras instancias o tribunales.

Y Una vez que se dio a conocer la sanción, y que se han agotados todos los recursos legales, queda pendiente que la pena sea cumplida completamente.

Por su parte, y luego de que el informe fuera publicado, la Secretaría de la Función Pública precisó a través de un comunicado que los porcentajes de denuncias no sancionadas no significan necesariamente impunidad, ya que existen caso donde no se cuentan con elementos necesarios para emitir una sanción.

“Sin embargo, se lleva a cabo una tarea institucional permanente para mejorar la integración de expedientes y contar con elementos más sólidos para la resolución de los mismos”.

Ante esto, el informe “Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción”, plantea varias conclusiones y propuestas para revertir los niveles de corrupción e impunidad que imperan en el sector público.

Entre los que se encuentran mejorar los medios para imponer las penas administrativas, los cuales deben de ir de la mano con las denuncias ciudadanas y los sistemas de declaraciones de los funcionarios.

Identificar cuáles han sido los criterios que llevaron a la autoridad al declarar alguna resolución, ya que, en México no existe información que ayude a saber por qué el 80% de las quejas y denuncias en contra de las autoridades quedan impunes.

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