Hinojosa Cantú uno de los beneficiados en los desvíos de Sedatu
Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, a la cual pertenece la Constructora Teya, empresa que, junto con la China Railway Construction Corporation construiría el fallido tren México Querétaro, luego de ganar la licitación con grandes ventajas orquestadas por Luis Videgaray; y la que construyó la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los beneficiarios de los desvíos de recursos en 2016, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En febrero pasado, cuando la Auditoria Superior de la Federación (ASF) publicó su revisión a la cuenta pública de 2016, se constató que Sedesol y Sedatu habían desviado millones de recursos públicos a través del esquema conocido ya como La Estafa Maestra; es decir, la triangulación de recursos, mediante la subcontratación de empresas fantasma.
Específicamente en Sedatu, el desvío sumó $1,747 millones de pesos, que erogó a cinco universidades, las cuales, a su vez, subcontrataron empresas para la prestación de ciertos servicios que nunca se entregaron, o se entregaron parcialmente. Una de estas universidades fue la Politécnica de Chiapas (UPCH).
#HoyEnAnimal | Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y empresario que compró la "Casa Blanca" de @EPN, recibió millonarios contratos bajo el esquema de desvío de recursos documentado en #LaEstafaMaestra https://t.co/XDMyHac5xw pic.twitter.com/wIeOeYeTl2
— AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) March 9, 2018
Ésta universidad es la que, en 2016, subcontrató a la compañía Innovación Integrada S. A. de C. V., propiedad de Hinojosa Cantú, a pesar de los escándalos por corrupción en la licitación del tren y el caos posterior que causó el reportaje de la Casa Blanca, y por el cual se canceló el proyecto.
Entre 2015 y 2017, esta compañía recibió casi 10 millones de pesos por cinco contratos de adjudicación directa con tres instituciones: la ya mencionada UPCH, el ISSSTE y la empresa Exportadora de Sal S. A. de C. V., que depende de la Secretaría de Economía.
El contrato con la Universidad Politécnica de Chiapas
El primero de marzo de 2016, la Sedatu firmó el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016, para la prestación de “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”. El monto de ese convenio fue por $18 millones 860 mil pesos, que salieron de Sedatu hacia la Universidad.
Un mes después, el 21 de abril de 2016, la UPCH subcontrató a Innovación Integrada para que realizara una aplicación digital; una que otorgara “una solución tecnológica basada en web, que asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema Nacional de Inclusión Sedatu”. La Universidad adjudicó de forma directa, sin licitación, el contrato y le pagó $5 millones 568 mil pesos. Esto lo reveló la propia ASF en su informe de auditoría individual con número 195-DS.
La UPCH argumentó que la adjudicación se había dado de forma directa con base en la excepción contemplada en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, que permite contratar sin licitación siempre que exista en el mercado un solo proveedor capaz de dar el servicio; cuando ese servicio sea con fines militares, o esté impulsado por una circunstancia extrema de desastre natural u otra semejante.
Como el lector puede advertir, este contrato entre UPCH e Innovación Integrada no cumple con la excepción expuesta por la Ley. La propia Auditoría dictamina que la UPCH simplemente “evadió la licitación y por tanto no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y honradez, ni se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.
El cumplimiento del servicio tiene inconsistencias graves: si bien la aplicación existe, y se encuentra actualmente trabajando de forma óptima, la compañía de Hinojosa Cantú “no acreditó los insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”; y la Universidad tampoco pudo comprobar que hubiese hecho un cálculo sobre el costo de los servicios. El pago se hizo “de forma discrecional sin una base de costos”.
Además, el convenio inicial entre Sedatu y UPCH fue por 18 millones, y la Universidad sólo pago 5 millones a Innovación Integrada: el resto de los recursos constituyen un sobrecosto a favor de la Universidad.
El contrato con el ISSSTE
Tuvo el mismo objeto que el contrato que firmó con UPCH: brindar un sistema informático para el control de la estrategia de inclusión nacional del ISSSTE. Por este contrato, a Innovación Integrada le pagaron $5 millones 200 mil pesos, en diciembre de 2016.
De acuerdo a lo reportado por Animal Político, quien contrató los servicios de Innovación Integrada fue Raúl Marmolejo Pacheco del Departamento de control de servicios operativos; pero es la única información que se hizo pública: no se saben las razones por las cuales se adjudicó de manera directa el contrato, ni se conoce el contrato como tal.
Este medio noticioso buscó la postura del ISSSTE al respecto, y la única respuesta que obtuvo por parte de la institución fue que, el contrato se había cedido directamente a la compañía de Hinojosa Cantú porque habían realizado un estudio de mercado, cuyos resultados apuntaron a Innovación Integrada como la mejor opción en términos económicos, de eficiencia, imparcialidad y honradez; además, representaba un ahorro de entre el 13 y el 23% respecto de otras compañías.
Sin embargo, no aclaró a qué otras compañías se refiere, ni tampoco hizo público el mencionado estudio.
Los tres contratos con Exportadora de Sal
Esta compañía, como dijimos arriba, depende de la Secretaría de Economía, y provee y produce sal para la industria del cloro en toda la cuenca del pacífico. De igual forma, a través de un contrato de adjudicación directa, recibió en 2015 un contrato de 2 millones 874 mil pesos.
Al año siguiente, recibió otro directo por un monto de 1 millón 300 mil pesos, para la creación de un programa de capacitación en SAP; y al año siguiente, ya en 2017, cobró otros $600,000 pesos para capacitar a los usuarios de este sistema. Los tres contratos fueron sometidos por la funcionaria Victoria Vergara Flores, del departamento de Gerencia de adquisiciones y almacenes de la compañía.
