Muchos edificios colapsados tenían apenas meses de ser inaugurados
Según cifras oficiales, el 90% de los edificios que colapsaron en la Ciudad de México después del sismo de 7.1 fueron construidos antes de 1985. Como sabemos, antes de ese año, las medidas de protección que tenían los edificios eran mucho menos estrictas de lo que son ahora. Derivado de la tragedia, el proceso para iniciar una edificación cambió por completo. Pero, ¿qué pasó con el resto de edificios derrumbados?
Todo apunta a que detrás del resto de edificaciones que se derrumbaron y fueron construidas después de 1985 hay alguna red de malos manejos inmobiliarios. Según datos de El Financiero, el 17% de los edificios declarados inhabitables en la delegación Benito Juárez a consecuencia del sismo reciente son nuevos o de muy reciente construcción.
«Actualmente tenemos mayor entendimiento de la geofísica del suelo y cómo se comporta un sismo. A partir del temblor del 85 se tuvieron que corregir las normas técnicas complementarias del Reglamento de Obras del Distrito Federal», explica el ingeniero Jorge Navarro, perito estructuralista que supervisó las construcciones dañadas días después del temblor de hace 32 años.
Ahora hay edificios completamente inhabitables e inservibles, algunos con alerta de posible colapso, y que tienen menos de dos décadas de existencia. Muchos de estos son departamentos y fueron vendidos a costos muy elevados que rebasaban los dos millones de pesos. ¿Cómo es esto posible?
Las correcciones al Reglamento de Obras del Distrito Federal se hicieron dos años después de la tragedia ocurrida en el siglo XX. Incluía normas de emergencia mucho más específicas y un control mucho más riguroso para la supervisión general de las obras. Muchas inmobiliarias ofrecían a sus clientes departamentos de lujo, haciendo énfasis en los detalles elegantes antes que en mostrar los planos originales.
A muchas personas les ofrecieron “un edificio nuevo, diseñado con lo último en tecnología, resistente, ecológico y autosustentable, con paneles solares gigantes en el techo”, señala un comprador que ahora ve su inversión hecha pedazos en el piso, en un edificio que tenía nueve meses de haberse inaugurado. “Los ingenieros y directores residentes de obra nos dijeron que el edificio tiene deficiencias en el diseño y en la ejecución de la construcción, en los colados, en los pisos, en las mallas, que hay fallas en las varillas”, agrega.
Hasta el momento, muchas constructoras no se han aparecido para evaluar los daños o responder a las enormes dudas de las personas que invirtieron millones de pesos en sus edificios. Así se mueve este entorno lleno de irregularidades y contratos no supervisados, en silencio absoluto y sin responder a las víctimas.
Mientras tanto, el centro de contacto Locatel habilitó cuatro mesas del Ministerio Público para denunciar fraudes en construcciones de este tipo. Se busca entonces dar con los responsables pero aún no se tiene un plan definido para hacerlo. Mientras tanto, las personas han perdido sus hogares y tienen que encontrar refugio en albergues, casas de familiares o rentar otros espacios.
En 1997 se intensificó el Reglamento de Obras del Distrito Federal para hacer aún más seguras las construcciones en caso de sismos o algún otro desastre natural. Lo que deja expuesta una mafia inmobiliaria llena de construcciones irregulares que no cumplen con los estándares establecidos por la ley. Pero que sin embargo continúan vendiendo miles de departamentos, edificios y casas por todo México sin ser investigados y castigados.
Tentativamente, las nuevas reglas de construcción permiten que una edificación resista un sismo de hasta 8.1 grados. Una cifra mucho mayor a la que la Ciudad de México resintió hace menos de una semana. Esto podría generar daños a las estructuras, según la violencia del desastre natural, pero jamás derrumbes como los que aún pueden verse con tan solo caminar por las zonas de la tragedia.
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