Proveedores corruptos deben 2,300 millones al gobierno mexicano

Entre 2003 y 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas por 2,300 millones de pesos a empresas proveedoras del Gobierno Federal inmiscuidas en actos de corrupción, mismas que no han sido pagadas a día de hoy.

Empresas adeudan 2,300 millones en multas al gobierno

Dicho monto, equivaldría a dotar al Instituto Mexicano del Seguro Social de 45 mil camas adicionales en todo el país, considerando que cada una tuvo un costo promedio de $50,000 pesos en 2018. O bien, se podrían realizar sin problemas, las ampliaciones de las líneas 12 y 9 del metro de la Ciudad de México; incluso, se podrían remodelar seis veces, todos los reclusorios federales en la capital del país, considerando que su reconstrucción costó 387 millones después de los sismos de 2017.

Estas sanciones son impuestas por la SFP a empresas que hayan infringido las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con una multa equivalente hasta a mil veces el salario mínimo vigente. Si la empresa decide no saldar su multa, queda registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. Cuando una empresa es sancionada, esta puede recurrir a ampararse y evitar así, pagar la multa.

Esta información fue revelada gracias a una investigación llevada a cabo por el medio digital SinEmbargo que se dio a la tarea de revisar 1,806 registros de multas no saldadas, contenidas en los Directorios de la Función Pública desde 2004. La investigación tenía por objetivo, cuantificar la deuda de los proveedores del gobierno con la Federación por motivos de sanciones derivadas de prácticas relacionadas a la corrupción en los últimos 15 años.

Los periodos que comprenden la época estudiada comprenden son los sexenios de: Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Dos del PAN, uno del PRI y uno de Morena. Todos prometieron acabar la corrupción, pero el directorio de la SFP parece mostrar la falta de interés real por parte de los mandatarios, muestra que la corrupción sigue siendo el aceite del sistema.

Las multas se daban por diversas razones: falsificación de documentos, mentiras sobre obligaciones fiscales, «fantasmas» ante el IMSS, incumplimiento, dolo, negligencia y resistencia a pagar sanciones económicas. Un ejemplo bastante sombrío es el de las multas impuestas a la Guardería ABC, donde a causa de un incendio 49 bebes murieron e hirió irreparablemente a 79.

Las multas van desde 70 pesos debidos a la Comisión Nacional de Zonas Áridas por trabajos de carpintería mal realizados, hasta los 2,000 millones de pesos solicitados como multa a Odebrecht y Construcción Internacional de México por los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, a causa de presentar información falsa y actuar con dolo.

No es el mecanismo ideal, pero es el que existe

Ricardo Corona del Instituto Mexicano de la Competitividad, considera que el mecanismo de sanciones no ha sido uno adecuado para combatir la corrupción, pues dice «deja un mensaje de laxitud y condescendencia hacia los infractores». Es decir, deja abiertas las puertas a más corrupción.

Las instituciones que hoy son clave para el combate a la corrupción fueron creadas durante el gobierno de Vicente Fox: la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (antes IFAI) y la Contraloría de la Federación, convertida posteriormente en la Secretaría de la Función Pública.

Fue en ese momento que la SFP, en 2004, empezó a publicar un directorio de empresas inhabilitadas y sancionadas. El gobierno de Fox dejó un rezago de multas sin pagar que sumaba ya 9 millones 100 mil pesos. La mayoría de estas multas fueron impuestas por la presentación de datos falsos respecto a encontrarse al corriente con sus obligaciones fiscales.

Durante el gobierno de Felipe Calderón una historia similar se repitió. El sexenio terminó con un cúmulo de multas aún mayor de la que dejó Vicente Fox, sumando un total de 284 millones de pesos, 31 veces más de lo que originalmente se adeudaba al gobierno de Fox. El lema «Calderón, manos limpias», de poco sirvió en el combate real a la corrupción.

La administración de Peña Nieto quiso caracterizarse por el combate a la corrupción, lo que impulsó las llamadas «reformas estructurales». Adicionalmente, una lista de 266 compromisos fueron presentados durante su campaña, uno de ellos crear la Comisión Nacional Anticorrupción, en sustitución de la SFP, pero el Congreso de la Unión lo atoró. Posteriores escándalos como la Casa Blanca hicieron que Peña desistiera de cambiar el estado de las cosas.

Durante su gobierno se acumular 1 mil 400 millones de pesos en multas de proveedores sin pagar, cinco veces más que su antecesor, Calderón; y 155 veces más de lo que el lejano gobierno de Vicente Fox acumulara en ese entonces. La corrupción se había convertido no en bandera de logro sino de fracaso del gobierno de Peña Nieto.

Finalmente, en los cortos siete meses que ha tenido el gobierno de López Obrador, este ya ha acumulado 573 millones de pesos en multas a deber a la SFP. Esto es 2.5 veces menos de lo rezagado en todo el sexenio de Peña Nieto y dos veces más que la herencia en deudas de Calderón.

Las multas más destacadas en los últimos años fueron las de Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, Petrodata Services, Sepec Well Services, Sepec CTS y Servicios Petroleros Especializados del Centro. Las multas van desde los 8 a los 543 millones de pesos, la mayoría por: presentar información falsa e incumplimiento de términos. El 81.2% de las multas corresponden a contratos con Pemex y la CFE, es decir, al sector energético.