El Centro Histórico de la CDMX puede dejar de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad
Las omisiones del Gobierno de Miguel Ángel Mancera para castigar los usos inadecuados de inmuebles con valor histórico y cultural dentro del primer cuadro de la Ciudad de México podrían costarle al Centro Histórico la designación de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El diagnóstico del deterioro del Centró Histórico proviene de la misma administración que encabezó Mancera, ya que fue la Mesa de Protocolo para Detener Obras Irregulares en el Centro Histórico, que conformó Jesús González Schmal cuando se desempeñó como coordinador de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), la que alertó sobre las edificaciones que se mantienen en la ilegalidad en dicha zona de la CDMX.
González Schmal y sus colaboradores entregaron el documento correspondiente a Dunia Ludlow en noviembre pasado, con el propósito de que lo incluyera en su agenda de trabajo una vez que asumiera la coordinación de la ACH.
El estudio realizado por Schmal y sus colaboradores advierte: La denominación Centro Histórico comprende los perímetros “A” y “B”, ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde existen 9 mil 362 inmuebles con tipos de uso habitacional, comercial, mixto, para equipamientos, oficinas, servicios y entretenimiento, así como espacios abiertos y áreas verdes.
De ese total, 3 mil 504 (37.4%) están catalogados por su valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); artístico, por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), y urbano-arquitectónico, por la Seduvi.
Estado Crítico
En consonancia con el diagnóstico de Schmal, el 21 de diciembre pasado –un mes antes de asumir su actual cargo– Ludlow publicó un artículo en diario El Heraldo de México en el que destacó que la ACH estaba en “una etapa crítica producto de la falta de atención por parte del gobierno anterior”.
Agregó que las violaciones al desarrollo urbano, entre otros problemas, son el resultado del abandono de esa zona de la ciudad. Informó que esa misma semana quedó instalada la primera mesa de trabajo interinstitucional en la que participan 30 dependencias del gobierno federal, así como el de la CDMX y las 16 alcaldías.
Y adelantó: uno de los propósitos de esa nueva organización es atender las quejas por el “daño a la preservación del patrimonio cultural” del centro de la CDMX.
Posible tráfico de influencias
Un caso que ejemplifica la omisión de las autoridades es el de la Torre Cuarzo Reforma 26, desarrollada por Banca Mifel. El diseño es del arquitecto Richard Meier, Premio Pritzker 1984, quien por primera vez incursionó en México.
El edificio tiene 42 pisos –180 metros de altura– y se construyó en un predio que se fusionó con otros cinco. En ese espacio se levantó también una planta con entrada en la calle Donato Guerra 5, donde se erige otra torre de 27 niveles. La propiedad pertenece a la empresa inmobiliaria Fibra Uno (Funo) de André El-Mann Arazi, un mexicano de origen judío.
Patricia Abreu Grobois –quien fue coordinadora de Acciones Sociales de la ACH durante la gestión de González Schmal–, comenta que el segundo edificio se construyó en el siglo XX y está catalogado como artístico por el INBA y como histórico por el INAH.
Cuando un inmueble catalogado como histórico o artístico se fusiona con otros –dice–, el predio resultante adquiere la misma categoría del primero y, por tanto, es objeto de la protección legal por ambas instituciones.
Como el INAH no autorizó la demolición del inmueble artístico de Donato Guerra 5, en su interior se construyó la moderna estructura de acero y vidrio de 27 pisos. Sin embargo, desde la banqueta aún se observa la antigua fachada azul, cuarteada y carcomida por el sol, así como sus puertas de madera hinchadas y descuadradas.
Abreu explica que en el estudio de caso de la Torre Cuarzo de Reforma 26 se observó que los desarrolladores tuvieron la autorización del INBA, el INAH y la Seduvi para la fusión de los predios. Aclara que, aun cuando el proyecto inicial era para siete niveles, los desarrolladores “se fueron a más de 40, sin la autorización previa y antes de registrar la Manifestación de Construcción Tipo ‘C’ en la alcaldía Cuauhtémoc”.
La ACH detectó que la otrora delegación “recibió la documentación, pero no revisó las autorizaciones –dice–; peor aún, perdió el expediente”. El caso llegó a juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), mientras que el INAH recurrió a la Procuraduría General de la República (PGR), donde la investigación sigue abierta.
Hoy, en el edificio se observan mantas con información sobre la renta de locales y oficinas compartidas en Reforma 26 y, de manera extraoficial, se estudia la posibilidad de que la Comisión Nacional de Vivienda del gobierno federal, encabezada por la morenista Edna Vega, mude sus oficinas de Masaryk a Reforma 26.
