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El PRI tiene casi lista una Ley con la que podría privatizar toda el agua

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La nueva Ley General de Aguas, que está siendo impulsada por José Ignacio Pichardo, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento (integrada en su mayoría por legisladores priistas) podría privatizar a perpetuidad el recurso, la infraestructura y la operación de ésta; con lo que prácticamente todas las aguas superficiales del país, dicen los expertos, podrían ser privatizadas.

En 2012, a partir de una publicación en el Diario Oficial de la Federación que mandataba “el derecho humano al agua”, y la emisión de una Ley General en la materia, inició el proceso legislativo para la redacción y reglamentación de la Ley General de Aguas. En su primera etapa, se invitó a empresarios, industriales, académicos y organizaciones civiles a presentar iniciativas en la materia, y a participar en los procesos de análisis y diseño de la ley.

En 2015, un primer boceto de esta ley fue redactado por el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, que de inmediato alertó a ciudadanos, académicos y sociedad civil, pues, argumentaban, la ley era privatizadora, y no garantizaba el acceso al vital líquido a la población de escasos recursos, o en zonas marginadas.

En noviembre del año pasado, Ignacio Pichardo presentó un segundo borrador, como parte de la tercera etapa de la construcción de la ley, que compila 248 artículos, y define “las atribuciones correspondientes a la Federación, entidades federativas y municipios, para garantizar el derecho humano al agua”, y que, además: “regulará la gestión integral del bien líquido”, según comunicó la Cámara de Diputados.

Sin embargo, tanto expertos como organizaciones no gubernamentales han denunciado que este segundo borrador conocido ahora como “Ley Pichardo” es una copia de la «Ley Korenfeld», o incluso aún peor, pues considera concesiones a perpetuidad, y construye un “modelo” ideal para la privatización de los recursos y el beneficio de un grupo selecto de empresarios.

Uno de los riesgos y más grandes temores, es que, debido a la primacía priísta del congreso, esta peligrosa ley sea aprobada en el fast track, justo como se hiciera con la Ley de Seguridad Interior. Analistas advierten que esta ley sería el proceso culminante, “la joya de la corona” de la reforma energética. Pues muchas de las compañías que habrán de practicar el fracking en nuestro país (extracción de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica) necesitan grandes cantidades de agua (más de 29 millones de litros, que son contaminados con metales pesados).

Miguel Ángel Montoya, consultor en Gestión Integral del Agua, consultado por Sin Embargo, ha dicho que el proceso de creación de la ley estuvo mal hecho desde el principio, pues imperó un gran proceso de simulación: dijeron que habría inclusión ciudadana, académica y social, y en realidad no la hubo o fue simulada.

“Ninguno de los puntos de vista de organizaciones civiles, académicos, y otros grupos de interés fue tomado en cuenta: fue un proceso de simulación. El borrador es sólo una copia de la Ley Korenfeld, tiene coincidencias en sus puntos más graves. Si se le compara con la iniciativa de Agua para Todos, que es la iniciativa ciudadana, no hay ninguna coincidencia”, dijo en entrevista.

De acuerdo a Montoya, la convocatoria de discusión de la ley atrajo a la Cámara Nacional de la Industria Minera, a las industrias energética, refresqueras y acereras, por un lado, y por el otro, estuvieron la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero sólo las inquietudes del primer grupo fueron tomadas en cuenta.

“Para Montoya, la causa por la que el gobierno insiste en esta ley, cobra sentido con la Reforma Energética. Así se convierte en el ‘eslabón que faltaba’”, destaca el reportaje de Sin Embargo.

Trabajos de limpieza en Río Sonora/ Foto: Cuarto Oscuro, Margarita García

Los puntos clave de la ley

Para Montoya, los puntos clave de la ley, y los más graves, radican en el sistema de concesiones que pretende llevar a cabo: actualmente las concesiones de agua se dan hasta por 30 años, con derecho de prórroga, sin que a los concesionarios se les afecte en los montos del suministro por disponibilidad.

Además, un concesionario puede heredar su permiso, o transferir su concesión a otro particular usando simplemente un contrato avalado por la Conagua; y no hay condiciones claras para la remoción de la concesión.

En 2014 tuvo lugar uno de los desastres ecológicos más grandes: 40,000 metros cúbicos de desechos de sulfato de cobre, una sustancia ácida, fueron vertidos en el arroyo Tinajas, que contaminó los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora en éste estado. Fue uno de los peores desastres del tipo en nuestro país, y la responsable fue la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México: afectó directamente a 24,000 personas.

Y aunque grupo México pagó multas de $23 millones de pesos, en efectivo y otra de $2000 millones en fideicomiso, el grupo empresarial no perdió la concesión. Para Montoya, situaciones de impunidad como estas podrían ser la norma con la nueva ley.

“Qué sentido tiene una reforma si no transformas lo que hay. Lejos de no modificarlo, con la nueva ley reforzaron el esquema. Ahora cualquier concesionaria que tiene todas estas garantías y estas facilidades para cambiar de título, para transferirlo, para que no sea cancelado bajo condiciones de escasa disponibilidad o de contaminación. Nadie tendrá la molestia de refrendar su título de concesión, de hacer el trámite burocrático”, afirmó.

Lo ideal sería dar concesiones no a perpetuidad, ni siquiera a 30 años, sino de tres o cinco años, y bajo condiciones de disponibilidad, de rehúso y tratamiento de agua, y desde luego de remoción de la concesión por contaminación u otras irregularidades, dijo Montoya.

Con la ley, no sólo se perfecciona un esquema impune, sino que se incentiva el modelo de trasvase (cuestionado con igual fruición que el fracking) además de que se le añade a la concesión, que ya será perpetua, no sólo el uso de la infraestructura, sino de toda el agua que posea el trasvase.

“Esto implicaría la privatización de prácticamente todas las aguas superficiales del país, es una privatización extrema”, enfatizó Montoya.

Son precisamente todos estos puntos los que no permite la iniciativa de Agua Para Todos: desde las concesiones heredables, hasta la práctica del trasvase y el fracking; además de que, señala, los derechos de los pueblos indígenas no están contemplados. Un cuadro comparativo entre la Ley Pichardo y la Iniciativa Ciudadana ilustra las implicaciones de ambos proyectos, y la tremenda distancia que hay entre ambos.

El siguiente paso para este borrador, será su discusión armónica en el pleno, y de ser votado a favor, se convertiría en una iniciativa de ley como tal que tendría que ser aprobada y promulgada por el Ejecutivo.

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