Cancelación del tren México-Querétaro podría costar 600 MDD | BREAKING
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Cancelación del tren México-Querétaro podría costar 600 MDD

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Debido a la cancelación del proyecto de tren México-Querétaro, ocurrida en enero del 2015 bajo prerrogativa del entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, el gobierno chino está reclamando a nuestro país el pago por indemnización de USD$600 millones, que al tipo de cambio serían $11,294 millones 520,000 pesos.

El argumento de China es que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, ni de buena fe, ni les garantizaron el debido proceso legal. Su reclamo inició desde 2015, inmediatamente después de cancelado el proyecto, cuando revelaron sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje en contra del gobierno de nuestro país.

Este reclamo tiene como fundamento un acuerdo bilateral que firmó México con Chin en 2008: el acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-China), signado por ambas naciones el 11 de julio del año antes dicho.

Según este acuerdo, un reclamo de esta naturaleza es el primer paso antes de iniciar una demanda. Antes de eso, las partes tendrían que llegar a un acuerdo a través de tres árbitros, quienes dictarán fallo.

El tren México Querétaro fue una de las grandes cartas, en 2012, del recién estrenado presidente Enrique Peña Nieto: fue parte de un programa de tres mega proyectos que incluían el México-Querétaro, el tren México-Toluca, y un tren Transpeninsular, de los cuales sólo sobrevive el segundo.

En 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presidida por Gerardo Ruiz Esparza, anunció que tres compañías chinas habían ganado la licitación para el México-Querétaro: la China Railway Construction Corporation, la China Railway Construction Corporation International, y la CSR Corporation Limited.

A su vez, este consorcio estaba asociado con cuatro compañías nacionales: la Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y la Constructora TEYA, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.

Sólo unas horas después de que los ganadores fueran anunciados, el presidente Enrique Peña revocó la licitación, bajo el argumento de que no estaba garantizada la seguridad ni la transparencia de los contratos. Ruiz Esparza tuvo que comparecer ante el Senado; en su momento, dijo: “el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decidió dejar sin efecto el fallo de la licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro; tiene la sensibilidad de lograr que el proceso de licitación esté alejado de duda alguna por parte de la sociedad y del Congreso de la Unión“.

Aunque Ruiz Esparza defendió el proyecto, y dijo incluso que el gobierno federal se ahorraría $2000 millones de pesos, gracias a las condiciones del contrato, que calculaba un costo total para el tren de $49,000 900 millones, y que el proyecto había estado revisado por el INECO (Ingeniería y Economía del Transporte, un organismo español experto en el sector) los senadores no quedaron convencidos y prometieron darle puntual seguimiento al caso.

Tres días después el equipo de Aristegui reveló el ya famoso reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, que habría de costarle una investigación (a modo) al presidente, y sepultaría definitivamente el proyecto del tren.

El reportaje documentó que Peña vivía en una casa propiedad de Armando Hinojosa Cantú; y que la empresa madre de TEYA, Grupo Higa, sostenía 33 contratos con el gobierno federal; además, Higa había vendido tres casas a funcionarios: una a Peña Nieto en Ixtapan, la de Malinalco de Luis Videgaray, y la Blanca, en Las Lomas, de Angélica Rivera.

Había, pues, un conflicto de interés. El escándalo se desató, y el 30 de enero de 2015 el proyecto fue cancelado. Un mes después, el secretario de la Función Pública, nombrado por el propio Peña, Virgilio Andrade, inició la investigación, y en agosto dictaminó que no había conflicto de intereses: “las relaciones personales no están prohibidas… el conflicto de interés no se materializa con la amistad”, dijo.

En marzo de ese año, a través de los Panama Papaers, se supo que Hinojosa Cantú movió USD$100 millones a paraísos fiscales de Nueva Zelanda, Panamá y Holanda, y puso a nombre de su madre cinco empresas con cuentas en Estados Unidos, una semana después de que se iniciaran las investigaciones de Andrade.

En octubre de ese año, pasada la tormenta, el gobierno chino inició su proceso de reclamo. Un año después, el presidente Peña pediría públicamente perdón por lo ocurrido, y anunció los primeros pasos hacia la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

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