El gobierno de Eruviel Ávila se dedicó a fabricar culpables
En el periodo de gobierno del priista Eruviel Ávila, que abarcó de 2011 a 2017, el Poder Judicial tenía línea: encontrar culpables a toda costa para mejorar las estadísticas y presentar al estado de México como un lugar seguro, una rotunda falsedad.
Esto lo demuestra una investigación realizada por La Silla Rota, que obtuvo la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, ofrecida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reportaje señala como uno de los máximos responsables a Fernando Ulises Cárdenas Uribe, fiscal central jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y quien en la actualidad sigue en el cargo.
“El promedio que yo les admito en juicio es del 80% de efectividad, no menos. De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”, exigió Cárdenas Uribe a sus subordinados, en un video que fue filtrado el 21 de noviembre de 2015.
La instrucción del mando se ve reflejada en las estadísticas que revelan que de los 26,542 juicios que tuvieron una sentencia entre 2011 y 2017, 82.6% fueron condenatorias y 16.2% absolutorias, es decir, sólo 4,246 personas salieron en libertad.
Sin respeto al debido proceso
Las detenciones injustificadas en el Edomex, basadas en pruebas falsas y la resolución de juicios sin apego a derecho, derivaron en 3,291 denuncias contra jueces y 78 contra magistrados durante el periodo 2011-2018.
De la misma forma, 1,181 agentes del Ministerio Público local fueron denunciados por irregularidades administrativas y de investigación de 2011 a 2017. Las quejas suman en total 4,450.
La investigación también revela los métodos más usados para fabricar culpables, entre los que destacan la manipulación de testigos y la ausencia de ellos, la tortura, el cohecho como medida de retención, la siembra de evidencias y la ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar las acusaciones.
Comparando 25 expedientes judiciales del periodo 2011-2014, que incluyen a 44 detenidos, en ningún caso, los agentes se identificaron al realizar las aprehensiones; en el 64% de los casos, no se presentó la parte acusadora en las audiencias y en el 40% de los casos, los detenidos reportaron haber sido torturados.
De los 44 detenidos, en el 30% de los casos no existió ningún documento u orden de aprehensión contra los detenidos y que en el 60% de los casos, los acusados reportaron la siembra de evidencias, principalmente armas.
Poco a poco, estas fallas se han ido revelando en audiencias y 26 han sido liberadas de las 44 personas que recibieron prisión preventiva, la mayoría de ellas con pocos o nulos recursos económicos, ya que son gente en situación de calle, laboran en oficios como albañiles, zapateros y cocineras, o bien, son indígenas.
Con información de La Silla Rota
