Más de 97 millones donados en el extranjero para afectados por el sismo han desaparecido

Mientras a finales de 2017, cientos de personas se debatían entre la pobreza y la recuperación de su patrimonio después de los devastadores sismos del 7 y 19 de septiembre que acabaron con la vida de cientos de personas. En apoyo, varias personas de diversos países enviaron más de 91 millones de pesos en apoyo a los damnificados; el problema es que nadie sabe dónde está ese dinero.

Llegó y desapareció, el rastro de los donativos

También dinero donado a través del Fideicomiso «Fuerza México», que concentró la ayuda de origen nacional, desapareció. La cuestión estuvo en que no hubo mecanismos de control, administración, distribución y seguimiento del dinero. De esta manera, es imposible saber qué fue del dinero donado para los damnificados, se perdió por completo el rastro.

Lo anterior deriva de investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la cuenta pública del 2018. En los estudios se encontraron diversas irregularidades en el ejercicio del presupuesto. En el tema de los donativos, intervinieron en su momento, la Secretaría de Hacienda, dirigida en ese entonces por José Antonio Meade; y la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el mando de Luis Videgaray.

La ASF señala que desconoce el destino de los recursos donados tanto nacionales como internacionales, aunado a la falta de transparencia entre las dependencias, la falta de registro y el incorrecto deslinde de responsabilidades. La Auditoría señaló las irregularidades, pero no fincó responsabilidad a funcionarios, ni ordenó a los Órganos de Control Interno a tomar acciones.

En su momento, el gobierno estimaba que el costo de la reconstrucción rondaría los 48 mil millones de pesos. Mientras, las escenas de hombres y mujeres tratando de rescatar a sus familiares de los escombros se volvió viral. Los recursos a través de donativos llegaron por millones. El gobierno constituye para eso, el Fideicomiso Fuerza México en supuesta coordinación con la iniciativa privada. El Consejo Coordinador Empresarial encabezaba a los particulares y Nacional Financiera (NAFIN) se encargó de ser el ente fiduciario público.

La ASF señala que esta situación derivó en que el estado se deslinde de su responsabilidad de administrar el desastre y delegó a los entes privados la reconstrucción. Las entidades estatales se vieron limitadas a recolectar recursos. El gobierno federal carente de marcos normativos, generaron un enorme desordene n la administración de esos recursos. La ASF estimó de deficiente la forma en que Hacienda manejó los recursos.

En el caso de la cancillería, esta dijo haber negado recibir recursos a través de donativos, pues todo era redirigido al Fideicomiso y la Cruz Roja. Sin embargo, se comprobó la existencia de 22 aportaciones financieras que no fueron inscritas al Registro Nacional de Cooperación Internacional.

En total Relaciones Exteriores y Hacienda recibieron dinero por un monto de 91 millones 803 mil pesos, de los cuales solo 16 fueron reportados. Asimismo, 18 donativos en especie fueron recibidos, consistentes en 197.8 toneladas y 31.46 toneladas en 2017 y 2018 respectivamente. De estos 18, sólo 14 fueron reportados y solo se elaboraron 10 actas de recepción por ellos.

Dinero ejecutado ineficientemente

La ASF también dio a conocer que únicamente 1 de cada 5 hospitales afectados por los sismos de 2017 fueron reparados o reconstruidos, sin que esto siquiera se pueda comprobar. Lo anterior después de que el órgano de control revisara la situación de los 132 centros de salud afectados. El informe señala que hay datos ausentes en los registros, entre ellos la especificidad sobre estructuras y ubicación, haciendo los diagnósticos previos a los procesos de reconstrucción, poco confiables.

Nuevamente debido a deficiencias técnicas y en procesos, los 179 millones de pesos se elevaron a 491 millones, sin que haya razón alguna que lo justifique (el incremento). Las deficiencias van de la siguiente manera: 44 de 132 inmuebles afectados, documentaron sus estrategias de rehabilitación; había datos almacenados de forma genérica e incompleta; problemas con el registro de los avances; y finalmente, un avance de apenas el 21.2% en los trabajos de rehabilitación. 13 recomendaciones fueron emitidas al respecto. Un desastre total.

Situación similar se vivió en los 19,194 planteles educativos que fueron afectados por los terremotos. Nuevamente se registraron sobrejercicios, esta vez de 20%, ascendiendo a 606 millones de pesos. De igual manera, no había justificación para el cambio presupuestal.

Los estudios realizados por la ASF en los informes de evaluación de daños a 5,010 escuelas a las que se destinaron recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y a otros 10,901 recursos de la Reforma Educativa. Todos realizados por la Secretaría de Educación Pública reveló falta de documentos que comprueben la viabilidad de inclusión de planteles. En 40% ni siquiera se acreditó una correcta evaluación de los daños y en un 75% no hay evidencia documental de los trabajos de reparación.

«La secretaría careció de la evidencia documental para comprobar la viabilidad de la inclusión y ejecución de obras de reconstrucción y rehabilitación, por lo que se desconoció si las obras propuestas contaron con el sustento técnico que acreditara su inclusión», señaló el informe.

Finalmente, una situación similar se vivió en el caso de las viviendas. Contabilizadas en 172,057, de las cuales 64.9% con daño parcial, 34.8% con daño total y el resto con daños menores. Sin embargo, el padrón de viviendas en la base de datos contó solamente 168,256 inmueble; y al momento de entrega de tarjetas electrónicas con recursos, solamente se sumaron 170,871 viviendas. No hay correlación en los números.

«En relación con la supervisión, sólo se contrató la supervisión de 59,866 viviendas con daño total, el 34.9% de las 171,494 viviendas afectadas registradas en sus diagnósticos y que difieren de las 170,871 incluidas en sus bases finales, de las que se supervisó 59,380».

La SEDATU reportó que solo en 25,584 de las 59,380 supervisadas, se reportó un avance de entre el 75% y 100% en las reparaciones o reconstrucciones. En el resto de las viviendas se reportaron por valores entre el 50% y 75% e incluso por debajo del 50%. Hay casos en los que se desconoce por completo la situación de las viviendas.

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