Videgaray caería por peculado y violación a la ley bancaria

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Ni los casos de Emilio Lozoya ni Rosario Robles han logrado vincular a Luis Videgaray a los entramados de corrupción y desvío de recursos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Videgaray, el que fuera secretario de Estado el sexenio pasado, podría ser procesado por peculado y violaciones a la Ley Bancaria Mexicana.

Esto por su vínculo con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a quien habría ayudado a desviar millonarios recursos para apoderarse de un banco.

Se trata del Banco Progreso de Chihuahua, del cual era accionista prioritario el exgobernador Duarte Jáquez y que recibió depósitos multimillonarios del propio Gobierno de Chihuahua.

En un giro de acontecimientos, la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó el amparo a Unión Ciudadana para acceder a la resolución sobre por qué la Procuraduría de Enrique Peña Nieto desactivó su denuncia de 2014 contra Duarte por pretender adueñarse del Banco Unión Progreso, dijo el abogado y activista Jaime García Chávez.

“Si vemos otros modelos de corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución financiera múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el presidente Peña Nieto”, aseguró.

Imposible que no supieran

Para el abogado y activista este entramado de corrupción era conocido tanto por el expresidente Peña Nieto como por su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“La denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es pieza clave. La fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de Hacienda”, reiteró.

En septiembre de 2014, la organización Unión Ciudadana presentó la denuncia penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra César Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias.

La prueba de la denuncia fue el Fideicomiso por 65 millones que suscribió el entonces Gobernador priista para pretender quedarse con el Banco Unión Progreso de Chihuahua.

El exmandatario acumula 15 órdenes de aprehensión (otras cinco en proceso desde la Fiscalía de Chihuahua), por posible desvío de más de mil 230 millones de pesos y otra Federal solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos presuntamente a favor del PRI, institución de la que apenas en junio de este año fue expulsado.