Sigue la cacería de peñistas, ahora van por Ruíz Esparza

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Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, será investigado luego de que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, admitiera a trámite una petición para que se revise la decisión que llevó a la Procuraduría General de la República (PGR), de no ejercer acción penal en su contra.

Dicha petición fue promovida por el abogado Paulo Díez Gargari, quien en el año 2017, señaló al entonces secretario Ruiz Esparza, por haber realizado supuestos favores en contratos y concesiones para la empresa OHL México, la cual hoy lleva por nombre Aleitica.

Derivado de ello, la PGR había abierto la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0001617/2017, misma que en marzo de 2018, fue desechada debido a que la procuraduría aseguró que no se encontraron indicios de que el entonces titular de la SCT hubiera incurrido en el delito del uso indebido del servicio público.

Se reabre la investigación; hay más peñistas en la mira

De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, el amparo aceptado por el Juzgado es sólo una de las cuatro denuncias que se han presentado en los últimos días, las cuales tienen que ver con el desvío de más 3 mil 600 millones de pesos que Gerardo Ruíz Esparza habría entregado de manera ilegal al Gobierno del Estado de México, ya que, se hizo como si se tratara de un subsidio.

Según la investigación hecha por el abogado, dichos desvíos fueron realizados en dos partes: la primera en 2015 y la otra a finales del 2016, de la cual se pudo identificar un deposito por mil 600 millones de pesos en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM), dinero que posteriormente despareció.

Actos en los que no solamente se ve involucrado el extitular de la SCT, sino también señalan a Luis Videgaray como un actor directo, dado a que esto se comenzó a orquestar desde que estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México y concluyó cuando fue Secretario de Hacienda y Crédito Público, durante en la presidencia de Peña Nieto.

Además de que se señala a Banobras como la institución que habría fijado el monto de los 3 mil 600 millones de pesos, en tiempos en los que su director era Alfredo del Mazo, actual Gobernador del Estado de México, así como Luis Limón, entonces titular de Fonadin, quien actualmente funge como Secretario de Comunicaciones del Estado de México.

La Auditoria Superior también investigara

Derivadas de las denuncias promovidas por Paulo Díez Gargari y los legisladores Emilio Álvarez Icaza y Lucia Riojas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció desde el pasado mes de mayo, la programación de la fiscalización de la gestión financiera del Estado de México en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Esto a fin de que se investiguen las transferencias del dinero enviado desde la SCT. Lo cual, según la Auditoría, se advierten presuntas irregularidades en la concesión para la explotación, operación y conservación del tramo carretero de Chamapa-Lechería, hecho entre la Secretaría presidida por Ruiz Esparza y el Gobierno del Estado de México, que llevó al manejo de 3 mil 671 millones de pesos.

Dinero que según la investigación, una parte fue utilizada presuntamente para financiar la campaña del ahora Gobernador, Alfredo del Marzo.

Se acumulan las denuncias en contra de Ruiz Esparza

Desde noviembre de 2018, hasta agosto de 2019, Gerardo Ruiz Esparza acumula 5 denuncias en su contra por presuntas transferencias ilegales de dinero y concesiones irregulares a favor de OHL México. Las cuales fueron promovidas por la iniciativa Ahora, encabezada por el senador Emilio Álvarez Icaza y la Diputada Lucía Riojas.

En la primer denuncia se pidió hacer una investigación por las trasferencias que se hicieron a la subsidiaria de OHL México, Constructora Proyectos Viales de México, la cual presuntamente habría recibido 1.4 millones de euros en una cuenta de Suiza y que supuestamente fue usado para financiar una campaña electoral en España.

En tanto que la segunda denuncia es por la ampliación a 30 años de la concesión de la autopista Amozoc-Perote, entregada a OHL, a pesar de que presentó retrasos en sus operaciones. Mientras que la tercera demanda fue por la posible sobreinversión que se hizo en la autopista federal Atizapán-Atlacomulco de OHL México, la cual a pesar de no estar terminada fue pagada en su totalidad.

La cuarta denuncia es la que pide investigar la transferencia de los más de 3 mil 600 millones de pesos de la STC a la SASCAEM.

Y la quinta denuncia se debe al socavón que se abrió en 2017, en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, en donde un hombre y su hijo murieron al caer. Además de que datos oficiales indican que dicho tramo carretero presentó un retraso en su entrega de 4 meses, teniendo un sobrecosto del doble en su precio original y presuntas irregularidades señaladas por ASF, por 300 millones de pesos.  

Con información de Sin Embargo y La Jornada