Mitikah, la empresa que aniquiló la estabilidad de la capital mexicana

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Desde el año 2009, en la ahora alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se construye Mitikah, el desarrollo inmobiliario más grande de América Latina, el cual se encuentra en el centro del poblado de Xoco y se proyecta para albergar a miles de residentes y visitantes, para así triplicar a la población del lugar.  

La construcción de dicho desarrollo inmobiliario se realiza sobre dos terrenos en la Avenida Universidad y en la calle Real de Mayorazgo, en donde se tiene la autorización del levantamiento de nueve torres para uso habitacional, comercial, de oficinas y servicios, de las cuales ya se ha finalizado una de 65 pisos.

En su inicio el desarrolló de 1 millón 28 mil metros cuadrados fue planificado y bautizado como Mitikah, Ciudad de Progresiva, por la empresa Ideurban y por la aseguradora Prudential. Aunque actualmente, el propietario es Fibra Uno (Funo), el mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces del país.

Ante esto, el desarrolló ha sido renombrado como “Mitikah, Ciudad Viva”, pero en una década de construcción, tanto el complejo inmobiliario, así como Funo, han sido señalados por los estragos causados en la zona y por ser presuntamente favorecidos por los gobiernos locales a través de mecanismos opacos, a fin de que el proyecto pueda ser ampliado.

Repaldados por el gobierno

Del 2009 a la fecha, el desarrollo ha sido señalado por tener el visto bueno y el respaldo de los distintos gobiernos delegacionales del PRD y del PAN, que han pasado por la ahora alcaldía Benito Juárez, así como el de los ex jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrad y Miguel Ángel Mancera.

Mitikah se enfrenta hoy en día a las denuncias por los estragos que ha ocasionado su construcción, como la tala indiscriminada de árboles, afectaciones a vestigios arqueológicos y cambios en la movilidad de las personas originarias del pueblo de Xoco.

Originalmente el proyecto había sido planeado para ejecutarse en un periodo de 5 años, sin embargo, ya ha duplicado su tiempo de construcción y no se sabe hasta cuándo quedará concluido, aunque el reporte de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valeros, del primer trimestre de este año mantiene una proyección para el 2024.

Actualmente, el predio que se ubica en Mayorazgo 130, y cuenta con 7 edificaciones avanzadas, de las cuales se incluye a la Torre Mitikah. Aunado a que se tienen lo planes de anexar otras dos torres de 35 pisos cada una, mismas que serán ubicadas en el terreno donde antes se encontraba las oficinas del Centro Bancomer, en la Avenida Universidad.

Para la integración de ambos predios que se encuentran separados por la calle Real de Mayorazgo, los desarrolladores lograron contar con un permiso otorgado por el Gobierno de Mancera, a fin de talar 53 árboles y construir un acceso al estacionamiento del complejo.

Durante la administración de Mancera, la Oficialía Mayor le autorizó un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) a la empresa, para la tala de 80 árboles. Mismos que se suman al derribo de 119 durante el gobierno de Marcelo Ebrad, avalado por Seduvi y Sedema.

Esto ha derivado en protestas sociales por el derribo masivo de árboles, lo que ha llevado a que Sedema impusiera una multa contra Fibra Uno, por más de 40 millones de pesos, sin embargo, este dinero representa apenas la venta de uno de los penthouses más grandes del desarrollo.

Aunado a ello, la empresa impugnó la multa bajo el argumento de que la obra “cumple con toda la normatividad aplicable, incluyendo la ambiental». Aunque al final tuvieron que pagar una fianza de 40 millones de pesos.

Distintas interpretaciones de la ley

Fernando Álvarez Toca, vicepresidente de Finanzas de Funo, declaró en junio pasado para el diario La Jornada, que su empresa contaba con la normativa ambiental, señalando que las autoridades tenían interpretaciones distintas de la ley.

Ante esta situación, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ha asegurado que Funo estaba impedida de derribar árboles dado que carecían del visto bueno del Sacmex y de la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con Mariana Boy, la empresa tenía el permiso de talar 80 árboles: 74 en la Real de Mayorazgo y 6 en el Centro Bancomer. Sin embargo, la PAOT constató la tala de otros 53 ejemplares, lo que desembocó en una denuncia penal.

Dicha denuncia busca tener un impacto fuerte sobre el desarrollo y sobre la empresa, y podría alcanzar una multa por 2 mil días de ingresos de la compañía.

Ahora el complejo se encuentra en manos de la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sin embargo, los empresarios de la inmobiliaria han decidido reunirse directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee la investigación completa en Proceso