Slim y Azcárraga encabezan plan para despojar a campesinos de sus tierras
Tal parece que en México sobran las formas en que la gente con influencia y poder económico puede arrebatar a su antojo las pertenencias y posesiones de los más desfavorecidos.
Así lo demuestra una investigación realizada por el semanario Proceso, que documenta las artimañas de un grupo de políticos y empresarios para para arrebatarle las tierras a los habitantes de Salazar, en el municipio de Lerma, en el estado de México.
Entre los nombres relacionados a este despojo se encuentra el de Carlos Slim, Jaime Azcárraga Romandía, presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, Pablo Escudero, senador del Partido Verde, Manlio Fabio Beltrones, León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.
En años recientes, este selecto grupo de empresarios y políticos comenzó a edificar enormes mansiones en el pequeño caserío de Salazar, adquiriendo de manera irregular los terrenos pertenecientes a esta pequeña población.
Los propietarios originales y habitantes de Salazar intentaron defender legalmente lo que es suyo, sin embargo, a través de abogados y del gobierno del estado de México, el grupo de empresarios logró amedrentar y encarcelar bajo calumnias y falsas acusaciones a los propietarios originales.
Tras la promesa del gobierno del presidente López Obrador de excarcelar a los presos políticos, los diversos comuneros encarcelados de manera injustificada lograron salir de prisión para continuar la lucha y conseguir lo que es suyo por derecho.
Hablan los Testigos
Cutberto Vilchis García, comunero de Salazar, habló para la investigación de Proceso y relató algunos de los acontecimientos que sucedieron en su comunidad y de los cuales fue víctima.
Vilchis García relata que su comunidad es un caserío conformado por apenas 500 familias las cuales tienen en posesión unas 210 hectáreas desde tiempos inmemoriales.
San Mateo Tarasquillo es la comunidad con la que Salazar enfrenta un conflicto jurídico por la posesión de diversas tierras, justo este conflicto fue el que aprovecharon las inmobiliarias y sus clientes para comprar de manera ilícita los territorios que Tarasquillo ostentaba como suyos, cuando en realidad son de Salazar.
A las 2:00 de la mañana del 31 de agosto de 2017, mediante un operativo orquestado por la policía del estado de México, el poblado de Salazar sufrió una violencia desmedida e injustificada. Más de 1,000 elementos policiacos, utilizando una fuerza desmedida saquearon y destruyeron casas, todo para obligar a los pobladores a vender o a irse.
