SEP recontrata a dos empresas acusadas de fraude en tiempos de Zedillo
Las adjudicaciones directas se podrían convertir en el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Federal, ya que a pesar de que no son completamente ilegales, despiertan las suspicacias de la opinión pública, prueba de ello son los contratos otorgados a Litografía Magno Graf S. A. de C. V. y Compañía Editorial Ultra, S. A. de C. V., las cuales han sido las más beneficiadas con contratos por adjudicación directa para la impresión de libros de texto gratuito.
Ambas empresas ya saben lo que es trabajar con el Gobierno Federal, ya que ambas fueron investigadas por vender a sobreprecio los libros de texto del sexenio de Ernesto Zedillo, precisamente en el año 1999.
Justo en el ya lejano 1999, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), era dirigida por Marco Antonio Meza, quien repite en el cargo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las empresas consiguieron 388 millones de pesos a través de contratos sin pasar por concurso público, lo que representa la mitad del monto total entregado por adjudicación directa en el actual proceso de compra de libros de texto gratuito.
Evidente sobreprecio
La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, investigó y comprobó el sobreprecio en el que incurrieron diferentes empresas, incluidas Litografía Magno Graf, que vendió cada libro de Español en 11.71 pesos en 1999, por lo que cobró 37 millones de pesos por 3 millones 207 mil libros.
En el 2002, en cambio, se pagó 7.25 pesos por libro y significó una erogación de 21 millones de pesos por 2 millones 932 mil ejemplares, lo que confirmaba el sobreprecio.
Mientras que Compañía Editorial Ultra vendió libros de Ciencias Naturales a 10.80 pesos en 1999, y ganó 30 millones de pesos por imprimir 2 millones 800 mil libros; y dos años después el costo fue de 6.84 pesos por unidad, lo que representó un pago de 16 millones de pesos por 2.5 millones de libros.
Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR), inició una investigación penal por el presumible desvío de más de mil millones de pesos de recursos públicos entre 1994 y 2000 por sobreprecio en la impresión de libros a través de contratos obtenidos de manera directa.
Al ser cuestionada la SEP por la actual asignación de contratos a ambas empresas, que suman 388 millones de pesos, la secretaría argumentó que los montos, contratos y asignaciones dependen de la Secretaría de Hacienda, aunque en la información oficial de Compranet, la Conaliteg aparece como el área que realizó las compras.
