Daños sociales del Tren México-Toluca continúan en la era AMLO

El cambio de gobierno no impidió que las obras del Tren Interurbano México-Toluca continuaran generando estragos en los ejidos del Estado de México. Nuevamente, los ejidatarios se lanzaron contra la obra durante este sexenio, impusieron tres amparos por «fraude», «actos de corrupción» y diversos delitos cometidos por servidores de la SCT y la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, batalla por terminar esta magna obra concebida por el gobierno anterior.

Ejidatarios acusan atropellos y engaños de la SCT

El pasado 12 de abril, los ejidos de San Miguel Ameyalco, San Juan Coapanoaya y Ocoyoacac presentaron una querella ante la Función Pública y catorce días después, el 26 de abril, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Los señalamientos acusan al director de asuntos legales de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario de la SCT, Miguel Ferrusquía Canchola, por fraude procesal, corrupción, engaños y «autoritarismos«, de los que dicen haber sido víctimas.

La tesorera del ejido Ocoyoacac, Graciela Peña Reyes dice que el gobierno actual se ha comportado peor con ellos que el anterior, pues ya no escuchan sus quejas, ni hay diálogo. «De plano nos cerraron totalmente las puertas».

En el mismo sentido, el presidente del comisariado ejidal de San Miguel Ameyalco, Álvaro Maravilla Macario, asegura que la llegada del nuevo gobierno no representó ningún cambio para su situación. Reclama que siguen pidiendo justicia sin que nunca se resuelva su situación.

Como dato curioso, Ferrusquia Cachola ha venido trabajando en dicho puesto desde el sexenio de Peña Nieto, cuando la secretaría era dirigida por el polémico Gerardo Ruíz Esparza y no fue removido con la llegada de Espriú. Ambos ejidatarios acusan que él, siendo encargado del pago de las indemnizaciones, no les ha pagado a los tres ejidos afectados. «Precisamente por eso decidimos denunciarlo», mencionaron los representantes ejidales.

La denuncia acusa a Ferrusquia de haber alterado los avalúos de las tierras ejidales, lo que derivó, según los ejidatarios, en que se les pagara a menor precio, permitiendo que personas cercanas a sus tierras, especularan con los precios de estas y los vendieran a precios muy elevados. De igual manera lo acusan de haber permitido que se ocupen más tierras de las que se habían acordado en un principio con los ejidos.

Otro de los reclamos, es que Ferrusquia omitió restaurar las zonas, tal y como se había acordado. Esto incluye el plantado de árboles, la creación de áreas verdes, la limpieza del área y la electrificación en las tierras ejidales. Hoy dichas tierras, se han convertido en vertederos de cascajos e inhabilitadas de por vida para la labor agrícola.

No menos importante, es el reclamo de que nunca fueron consultados para la construcción de la obra, ni fueron presentados estudios de impacto ambiental o bien un proyecto de remediación y mitigación. La maquinaria arribó repentinamente y empezó a modificar las tierras, al ser cuestionados, los funcionarios contestaron que «no tenían por qué darles explicaciones».

Ajeno a las afectaciones de sus tierras, está la afectación que sufren ellos como personas. Maravilla menciona que han sido amenazados y golpeados por personas enviadas por OHL y la empresa liberadora, GAP. El ejidatario describe la situación de la siguiente manera: «De pronto nos mandan personas para amenazarnos. Llegan y nos dicen que nos quedemos quietos, que no hagamos protestas porque pueden meterse con nuestras familias».

En lo que corresponde a los bajos precios, mencionan que recibieron pagos de entre 400 y 600 pesos por metro cuadrado. En contraste, terrenos aledaños a sus ejidos, recibieron pagos hasta de 4 mil pesos por metro, diez veces mayor que lo que recibieron los ejidatarios. El gobierno se justificó diciendo que dichas tierras ya habían sido expropiadas en 1982, y que era un favor que les hacía el gobierno al indemnizarlos.

La expropiación que nunca fue

De acuerdo con los ejidatarios, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no cuenta con registros de una expropiación llevada a cabo en 1982. «Todo fue una maniobra de la oficina de Ferrusquía para pagarnos a muy bajos precios nuestras tierras» acusó Peña cuestionada sobre la situación de la supuesta expropiación.

Los ejidatarios, entrevistados por Proceso, acusaron que entre los que recibieron cantidades astronómicas por sus terrenos, incluyen a la Fundación Moreno Toscano, la familia del exalcalde de Ocoyoacac, Joel Cerón, entre otros. Los ejidatarios sospechan que Ferrusquía se coludió con dichas personas para pagarles mayores cantidades, aprovechándose del manejo del dinero, e incluso suponen que podría haber recibido sobornos.

Acusan, como se mencionó previamente, que las obras están ocupando mayores extensiones de tierra de las acordadas. En casos como el Ocoyoacac, los ejidatarios se percataron de que la obra estaba ocupando alrededor de 8,000 metros cuadrados, casi el doble de los 4,776 acordados en un principio. La misma situación se replicó en el caso del ejido San Miguel Ameyalco.

Además de no haber cumplido con los proyectos de mejora de sus tierras, las obras dividieron al ejido en dos, incomunicando un área de la otra. Lo que alguna vez fueron sembradíos, ahora es utilizado para los desechos de la obra, las milpas han sido cubiertas por miles de toneladas de cascajo y metal retorcido.

Peña comenta que incluso les prometieron que les construirían una escuela, sin embargo, nada de eso fue cumplido. Asimismo, la obra terminó por dañar irreparablemente un paso peatonal elevado, que ahora rara vez es usado por los habitantes de la zona. A esto se ha sumado una creciente violencia en la zona.

«Nos han llegado a prohibir el paso a nuestras propias tierras, donde antes había vegetación, teníamos animales y sembrábamos maíz y haba. Nos costará mucho trabajo rehabilitarlas».