Fiscalía mexicana promete capturas de Odebrecht y la Estafa Maestra en julio 2019
En conferencia de prensa para dar un balance por sus primeros 100 días de trabajo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), dos casos dieron un giro importante bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero. Se trata del caso Odebrecht y de la llamada Estafa Maestra, los cuales ahora serán tratados como delincuencia organizada y de posibles delitos de estado.
La trascendencia de este hecho es que podría llevar a la justicia a ir detrás de funcionarios como Rosario Robles, Emilio Lozoya Austin y el mismo expresidente Peña Nieto. A pregunta expresa de reporteros, si se podría detener al exmandatario, el fiscal afirmó que no deseaba hacer un escándalo, pero que no descarta ninguna posibilidad.
En un comunicado publicado por la FGR, la institución se comprometió a judicializar el caso Odebrecht en 60 días:
“Este caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza, lo inició la Procuraduría General de la República, desde enero de 2017 y, hasta la fecha, no había dado resultado alguno; razón por la cual la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”, dice el documento de la FGR.
Estafa Maestra
Respecto a este tema, que implica la otorgación de contratos a empresas fantasma a partir de universidades e instituciones gubernamentales, la FGR deja claro que no se puede juzgar por casos aislados.
“Con base en dictámenes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República, en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes unos de otros, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país, dentro de las cuales se han obtenido 5 vinculaciones a proceso. Se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías”.
“En relación con este tema, la Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario restructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados”, sentencia la FGR.
Lo que dejó la PGR
La que fuera la Procuraduría General de la República (PGR) y que bajo esta nueva administración mudó su nombre, cumplió la función por la cual fue creada: investigar y resolver delitos, ya que no cumplió en el 95% de los casos que indagó, esto según el informe de que presentó el fiscal general.
Tampoco cumplimentó más de 21 mil órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de posibles delincuentes, y dejó en el rezago 300 mil expedientes abiertos sin ningún tipo de resolución.
Además, se encontraron posibles hechos de corrupción en la institución, compras injustificadas o con sobrecostos (entre ellas la de un avión de lujo con capacidad de vuelos trasatlánticos) y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos. Por estos hechos se han iniciado ya auditorías internas que podrían derivar en acusaciones contra exfuncionarios.
