En Mazatlán los periodistas críticos son citados a juzgados
Ejercer el periodismo en México sigue siendo un acto de valentía, que implica incluso que los periodistas arriesguen la vida por publicar o difundir información que vaya contra los intereses de empresas o gobiernos.
Tal es el caso de ocho periodistas de portal “Noroeste”, quienes, tendrán que acudir a un juzgado para ratificar lo dicho en diversas investigaciones periodísticas, lo cual es una violación al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los ocho periodistas quedaron en medio del fuego cruzado entre el Bufete Álvarez y Asociados y el empresario Carlos de Jesús Escobar Sánchez.
Se trata del juicio sumario de responsabilidad civil que el despacho jurídico promueve en contra de Escobar Sánchez, en el que se introdujeron trabajos periodísticos como pruebas de la parte demandante. Por lo que el 14 de junio tendrán que asistir a ratificar sus contenidos los periodistas que realizaron las notas informativas.
Este hecho significa otro golpe a un gremio que avanza a duras penas en una región donde los políticos se han vuelto enemigos de los periodistas, por si acaso no bastara el acecho de intereses criminales sobre la actividad informativa, lo que constituye un abuso de los instrumentos del estado de derecho contra el periodismo.
Periodista, no juez
Aunque se trate de que los periodistas citados ratifiquen publicaciones que se realizaron en distintos medios, la decisión del juez de llamarlos, emitida el 13 de mayo y que deriva del expediente 1012/2018, nos deja una pregunta ¿para qué llevar a los tribunales a quienes en cumplimiento de su trabajo ya informaron?, además de que a quienes toca descubrir tales señalamientos es a las autoridades.
Como informa Alejandro Sicairos, columnista de Noroeste, “ninguno de los ocho citados violó lo que establece el Sistema de Justicia Penal Adversarial porque están a salvo los derechos de quienes tienen a su favor la presunción de inocencia. Al transmitirle a la población la información acerca de hechos que la afectan, el reportero nunca busca imbuirse en el litigio que corresponde a las instancias jurisdiccionales. El periodismo informa, no juzga”.
Por si esto no fuera suficiente, el columnista agrega: “El derecho de los periodistas a expresarse es inatacable. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales protege a los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión, mientras que en estados como Coahuila se establece como agravantes de todo proceso judicial los delitos en contra de la libertad o seguridad personal de periodistas, con penas de 16 a 40 años de prisión, sin derecho a fianza”.
