Cuatro jueces serán juzgados por hacer fraude a ciudadanos mexicanos

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Tras el polémico caso de fraude al Infonavit, que afectó a miles de ciudadanos mexicanos en diferentes partes de la República, el Congreso de Nayarit decidió retirarles su fuero y juzgar a cuatro jueces implicados en este delito.

El pleno aprobó la decisión con 27 votos a favor y ninguno en contra, para que el magistrado Jorge Ramón Marmolejo en conjunto con otros cuatro jueces de primera instancia del Poder Judicial estatal, respondiera ante la ley por defraudar a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Jueces defraudadores

Los jueces implicados son: Justino Rodríguez Barajas, Mario Alberto Cervera, Braulio Meza Ahumada y Baldomero Zamora, quienes presuntamente afectaron moral y económicamente a más 50 mil familias derechohabientes que anhelaban un hogar propio.

En este sentido, Petronilo Díaz-Ponce, fiscal de la entidad dio a conocer que la carpeta de investigación ante el presunto fraude consta de 40 tomos y 17 mil hojas.

Por el momento, las autoridades nayaritas sólo refieren haber realizado cuatro cateos, el aseguramiento de 3 millones 850 mil pesos en efectivo, tres inmuebles, así como de un reloj de oro.

“Tenemos autorizaciones de jueces federales de control para extraer información de cientos de dispositivos de almacenamiento, protección de cuentas por parte del juez de control del estado, 13 órdenes de aprehensión en contra de cuatro funcionarios judiciales, tres titulares de despacho externo y tres apoderados de Infonavit”, agregó Díaz-Ponce.

Abuso contra ciudadanos

También trascendió que hasta el momento, se registraron cuatro vinculaciones a proceso por delitos contra la administración de justicia, fraude procesal, asociación delictuosa, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, cohecho y abuso de autoridad.

Vale destacar que el pasado 1 de mayo, el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto renunció a su cargo en el Poder Judicial de Nayarit, aludiendo al el Artículo 68 de la constitución local, lo que facilitaría su juicio por los posibles delitos.

Al respecto, Leopoldo Domínguez, presidente de la Cámara de Nayarit indicó que los servidores públicos fueron denunciados penalmente por su posible participación en este ilícito que dejó sin un patrimonio a millares de ciudadanos.

Domínguez dejo entrever que la renuncia de Enríquez Soto muy posiblemente será aprobada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que, pueda hacer frente a los señalamientos que se le imputan.

A punto de ser juzgados

Es importante precisar, que la decisión del Congreso de Nayarit se refiere únicamente a la valoración de la existencia de indicios sobre la posible intervención en la comisión de un delito por parte de estos servidores públicos.

Sin embargo, no juzgó sobre la existencia de tal delito o sobre la responsabilidad penal imputable; sólo eliminó el obstáculo para que los jueces sean llamados a juicio ante los tribunales competentes.

Con información de Proceso y El Sol de Nayarit