Calderón y Fox son acusados de represores en cortes internacionales
Por primera vez en la historia un organismo público presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, toda vez que el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, denunció por delitos de lesa humanidad a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón; y al exgobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Los señalamientos son por los abusos y actos de represión cometidos entre 2006 y 2007 en el marco de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) detalló que el expediente presentado en La Haya es de más de mil 600 páginas, señala a los exfuncionarios mexicanos de su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias. Esto debido a que se agotaron las instancias nacionales para acceder a la justicia.
Los señalamientos contra los expresidentes y el exgobernador se sustentan en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En su oportunidad, cada instancia documentó la comisión de graves violaciones a las garantías fundamentales durante los acontecimientos en Oaxaca en el marco de las protestas de la APPO.
A esto se suman las conclusiones de la Comisión de la Verdad para investigar esos hechos, constituida por acuerdo del Gobierno y el Congreso de Oaxaca, donde se llegó a la misma conclusión.
Pruebas sin castigo
Sin embargo, de acuerdo con Peimbert, pese a esas resoluciones no hay castigo aún contra los responsables, como lo determinó en una investigación la DDHPO, la cual también forma parte de la documentación que él mismo entregó el jueves 2 de mayo, acompañado de algunas de las víctimas de los hechos, ante la CPI.
Es de recordar que organizaciones civiles -nacionales e internacionales- y abogados han presentado al menos seis denuncias ante la CPI por delitos de lesa humanidad cometidos sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, en particular por delitos en Coahuila y Chihuahua.
«Planteamos una teoría del caso, donde nosotros observamos que a partir de 2006 y 2007 se genera en Oaxaca un modelo de intervención violenta en contra de la protesta social. Y que se sofistica de tal forma que inclusive dentro de sus mecanismos de represión se generan ciertos vínculos con el crimen organizado, a través de algunos de sus cárteles, para poder reprimir a la protesta social a través de lo que se denominó en Oaxaca las caravanas de la muerte.
«En nuestro estado se estrena un modelo de intervención violenta que se sigue repitiendo de manera sucesiva en algunos otros casos y que al no haber sanción jurídica y penal permite que se siga repitiendo, o sea, impunidad. Entonces lo vemos reflejado en ciertos patrones de conducta similares: en Ayotzinapa, en Nochixtlán, en Tlatlaya, en Tanhuato. Lo que nos permite perfilar que existe una condición sistemática y generalizada», subrayó Peimbert.
Como ombudsperson del país, exhortó al Estado mexicano, en particular al Ejecutivo federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a pronunciarse y acompañar los señalamientos presentados ante la CPI contra Fox, Calderón y Ulises Ruiz.
