AMLO ha despedido a 18 funcionarios del SAT por corrupción
Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que fueron despedidos 18 funcionarios del organismo, debido a que participaron en actos de corrupción.
De acuerdo con la funcionaria, desde diciembre pasado, el SAT ejerció un servicio de “limpia” para el mejor funcionamiento de sus aduanas, lo que ha llevado a prisión a 68 personas, 18 de ellas, eran funcionarios de la dependencia.
Limpia de funcionarios
En este sentido, Ríos-Farjat anunció la remoción de los cargos de dos administradores de aduanas importantes; la de Manzanillo, a cargo de Margarito Martín Salgaña y la de Pantaco, ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco en la Ciudad de México, y quien hasta el viernes fue operada por Erwin Lindirman Loyola.
La dependencia indicó que la remoción de los ex funcionarios se debe a presuntos actos de corrupción, los cuales, hasta el momento la dependencia no dio a conocer; aunque por instrucciones del presidente López Obrador deben ser castigados.
“Por instrucción del presidente de la República, fueron desvinculados los administradores de las aduanas de Manzanillo y México (Pantaco), y del área de inteligencia aduanera. Asimismo, inició la intervención de la de Manzanillo por parte de funcionarios del SAT”, indicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.
Cabe resaltar que, en el caso de la aduana de Manzanillo, esta no es la primera vez que Margarito Martín, había sido señalado por presuntas irregularidades, relacionadas con corrupción.
A través de un comunicado, el SAT aseguró que, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, las detenciones de responsables generaron una afectación al fisco por un monto aproximado de 537 millones de pesos.
Esto, además, de que, en promedio, cada tres días se logra la detención de una persona, la cual representa un monto de más de 11 millones de pesos.
Contra la corrupción
En este sentido, AMLO ha reiterado en diversas ocasiones que acabará con las irregularidades en todas las aduanas y que se procederá conforme a la ley para sancionar a los funcionarios implicados, por lo que incluso, les pidió su renuncia adelantada.
De acuerdo con información oficial, nuestro país tiene 49 aduanas en todo el territorio nacional, por lo que combatir la corrupción es una prioridad, siendo el siguiente paso, certificarlas a nivel internacional.
Respecto al tema de las irregularidades, es necesario precisar que otras aduanas que se encuentran en la próxima mira del gobierno federal y del SAT son las de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, quienes también cuentan con acusaciones directas.
En lo que se refiere a las sanciones, el organismo informó que los ex funcionarios que resulten responsables podrán ser acreedores a una pena de hasta 12 años de cárcel; no obstante, precisó que buscan modificar la ley para que sea considerado como delito grave, sin derecho a fianza y con prisión preventiva oficiosa.
SAT apuesta por la tecnología
Ricardo Peralta Saucedo, administrador general de Aduanas, en entrevista para el diario El Economista indicó que la principal herramienta para combatir los delitos que sucedan en las aduanas será la tecnología.
Lo cual, además, ayudará a realizar el siguiente objetivo, inscribir a las aduanas mexicanas en el Convenio de Kyoto, uno de los más importantes en esta materia a nivel internacional.
“Si la tecnología se sigue implementando, en todos los procesos de las aduanas, poco a poco estamos quitando la discrecionalidad del hombre y con ello, vamos a eliminar la corrupción, porque hoy todavía gran parte de los procesos es susceptible de la decisión de una persona y esa decisión queda sujeta a la posibilidad de una dádiva, de un favor o una presión”, explicó Peralta Saucedo.
El funcionario hizo hincapié en que el uso de la tecnología incrementará el comercio exterior y por ende, la recaudación tributaria; al tiempo que dará una imagen confiable a los inversionistas extranjeros sobre México.
Tal es el caso de los rayos X para evitar la importación o exportación de mercancía ilegal, aunado a incentivar que la Iniciativa Privada invierta en aduanas, conjuntar a todas las oficinas de la frontera en un solo despacho, ampliar los horarios y facilitar los procesos.
Con información de El Economista y Eje Central
