Mineros mexicanos celebran que AMLO reactive 15 años su industria
El Gobierno de López Obrador está decidido a mantener el apoyo a las mineras a pesar del daño que esto pueda ocasionar al medio ambiente, el reto de Cuarta Transformación será mediar entre la activación económica que representan las mineras y los daños colaterales que traen consigo.
En el sexenio de Peña Nieto la industria minera, en especial las minas de carbón, fueron sentenciadas a muerte: para 2026 las centrales carboeléctricas mexicanas, las principales compradoras de los productores mexicanos, debían cerrar.
Las medidas tomadas por Peña Nieto tuvieron un marco en la reforma energética impulsada por el priista, que pasaba en buena medida por reemplazar la electricidad que genera el carbón —el 9% del mix eléctrico nacional— por energías limpias.
“Estábamos en un plan de desmantelamiento, era nuestra extinción”, recuerda Eulalio Gutiérrez, secretario general del sindicato de trabajadores de la Termoeléctrica Carbón II.
Tras el cambio de Gobierno la tendencia y el trato han cambiado, prueba de ello es que en el presupuesto de este año se han destinado 7,352 millones de pesos para la mejora del rendimiento de las tres carboeléctricas, casi cuatro veces más que en 2018.
“Están invirtiendo, algo que no pasaba antes. Ahora el dinero fluye más fácil”, señala Gutiérrez. Con estas obras, calcula, se podrán seguir operando al menos otros 15 años, cuando no les quedaba menos de la mitad de tiempo de vida.
A esto se suma lo dicho por Carlos Morales Mar, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien afirmó que la nueva Administración quiere que “las centrales que actualmente están trabajando con carbón se sostengan hasta el término de su vida útil”.
Daños ecológicos
Todas las buenas señales que la industria carbonífera interpreta como un discurso esperanzador por parte del Gobierno de AMLO, es observado por los ecologistas como una apuesta “regresiva”.
Reactivar las centrales para alcanzar la independencia energética es “una visión nacionalista, mal entendida y vieja”, dice Alejandra Rabasa, abogada de la organización ambientalista Ceiba.
“No reducir la generación de electricidad a base de carbón es una violación a los acuerdos internacionales y a la Ley General de Cambio Climático, que establece la descarbonización de la economía”. De seguir en este camino, agrega, “va a ser imposible” alcanzar los compromisos internacionales.
Aunados a los señalamientos de Alejandra Rabasa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó el pasado noviembre que la industria carbonífera violaba el acceso a un medio ambiente sano.
También lo hizo la propia Administración Federal, en febrero, la Secretaría de Energía reconocía en un documento que la minería y el uso de carbón generan problemas “considerables”, entre ellos daños medioambientales y a la salud de las comunidades.
