México ya eliminó el único apoyo a jornaleros indígenas

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Con la justificación de que los antiguos programas sociales eran ineficientes, el Gobierno encabezado por López Obrador ha cancelado diversos apoyos a grupos vulnerables, además, el presidente ha señalado, como el caso de los comedores comunitarios, que dichos programas servían para desviar recursos con fines electorales.

Uno de los grupos sociales más agravados y a quienes el nuevo Gobierno no ha atendido es el de los jornaleros agrícolas, los cuales trabajan en condiciones infrahumanas y ahora también han perdido el mínimo apoyo que otorgaba el Gobierno Federal.

Hasta ahora no ha habido una política pública que resuelva los problemas de educación, salud y vivienda que enfrentan los jornaleros. De 1990 a 2018 operó el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la hoy llamada Secretaría del Bienestar. Pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF) 2019, ya no aparece.

Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, quien desde hace 30 años hace investigación sobre el tema de los jornaleros agrícolas en México, advierte del desatino de quitar el apoyo a los jornaleros.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se registra que en el segundo trimestre de 2017 había 2 millones 990 mil 049 jornaleros, de los cuales 10 % eran mujeres. A esa cifra hay que sumarle el de las familias que los acompañan, entonces el número de quienes migran a los campos agrícolas crece hasta 9 millones, afirma Barrón.

Tal como lo documenta el primer informe de violaciones a derechos de la Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas (REJJA), los más de dos millones de jornaleros y sus familias padecen abusos que van desde irregularidades en el pago de sus salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación que se han normalizado.

Mejorar, no cancelar

El Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas estaba adscrito a la Secretaría de Bienestar. Su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues.

De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el sexenio pasado, el presupuesto del PAJA se fue reduciendo al pasar de 270 millones de pesos en 2012 a 213 millones en 2017, cuando atendió a 76 mil personas.

La mayor precarización del PAJA sucedió en los últimos tres años del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando todo se redujo a unos cuantos subsidios, que no quedaban muy claros.

“En el tema de apoyos para movilidad laboral de Sedesol, se empadronaba a los trabajadores, pero nunca quedaba claro a quiénes se les otorgaba el recurso. Mucha población que supuestamente eran beneficiarios, recibieron el papel con su folio de que habían sido registrados, pero nunca les llegó el apoyo”, afirma la REJJA.

El programa tenía ya muchas fallas, “pero no era para desaparecerlo, lo que debían haber hecho es mejorarlo”, advierte Barrón. La Secretaría del Bienestar, agrega la investigadora de la UNAM, ha dicho públicamente que la atención a estos trabajadores se incluirá en los programas para población indígena, pero solo el 60 % de ellos lo son, “quién y cómo atenderá al otro 40 %, cuál va a ser la política pública para mejorar las condiciones de todos estos jornaleros, no lo sabemos, no hay ninguna claridad sobre eso”, apuntó.