Liberan a indigena torturado por ministeriales para autoinculparse

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El 18 de julio de 2012, Diego López Méndez originario del pueblo tzeltal de San Juan Cancuc, Chiapas, fue detenido mientras se encontraba trabajando como mesero en un restaurante de San Cristóbal de las Casas, por cuatro policías ministeriales vestidos de civil, quienes sin ninguna orden judicial de aprehensión le pidieron que saliera del lugar para después llevárselo en un vehículo.

Aquella tarde cuando los agentes ministeriales llegaron al lugar de trabajo de Diego López, se presentaron ninguna identificación y ninguna razón oficial del por qué lo estaban buscando; solamente se limitaron en pedirle que los siguiera a las afueras del restaurante.

Al salir del lugar, Diego fue subido a una camioneta blanca de doble cabina; sus manos fueron esposadas y uno de los agentes sacó su celular y le mostró una fotografía de una persona muerta que él desconocía.

“Me mostró una foto en su celular de una persona que estaba muerta, me empezó a decir de groserías; ya te cargó la chingada, dime la verdad si tú fuiste, le dije que no sabía nada.” respondió Diego.

Durante todo el tiempo en el que Diego estuvo a bordo de la camioneta, el camino estuvo llenó de amenazas de muerte y golpes. Así continuó hasta que llegaron a un sitió que él describe como posiblemente una oficina de alguna fiscalía.

Ya en ese lugar Diego continuó siendo torturado, los policías ministeriales lo dejaron con las manos esposadas y con los ojos vendados, mientras los seguían golpeando.

De acuerdo con la declaración del joven tzeltal, lo agentes le pusieron una pistola en la cabeza como una manera de ejércele presión física y psicológica para obligarlo a que se declarase como culpable del homicidio.

Ante la negativa de Diego para autoinculparse, los policías le quitaron la camisa y lo comenzaron a golpear con las palmas de las manos en el pecho y la espada. Fueron tantos los golpes que hubo un momento en el que ya no resistió tanta tortura que cayó debilitado en el piso.

La situación en la que ya se encontraba Diego no fue de importancia para lo ministeriales, quienes al verlo en el piso continuaron violentándolo con patadas en el estomago y en el pecho.

La golpiza continuó hasta que el joven indígena aceptó autoinculparse del homicidio; “pero vas a declarar que tú fuiste” respondió uno de los torturadores, mientras que Diego les decía que sí a todo lo que le estaban ordenando.

Una acusación armada

Cuando Diego López dejó de ser violentado físicamente por los policías ministeriales, lo obligaron a firmar unas hojas en blanco que más tarde fueron utilizadas para su declaración autoinculpatoria, la cual quedó registrada en el expediente de la causa penal 59/2017, que fue aceptada y firmada por Juan Carlos Pérez Villegas, ministerio público de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena.

Durante el 18 y 19 de julio, el joven indígena estuvo detenido en las instalaciones de la Policía Preventiva de San Cristóbal de las Casas, para posteriormente, el 20 de julio, ser trasladado al Centro Estatal para la Reinserción social para Sentenciados (Cerss) número 14 “El Amate” en el municipio de Cintalapa.

Mientras que la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena registró que la detención de Diego era derivada de una Orden de Búsqueda y Presentación, fechada al 18 de julio; recordando que cuando fue arrestado los agentes no presentaron tal orden.

Sin embargo, el expediente del caso señaló que después de su detención fue presentado a las autoridades, se declaró culpable y fue puesto tras las rejas bajo la figura legal de “urgencia”, por riesgo de fuga. Todo esto fue rectificado el 21 de julio de 2012, por Luis Abelardo Castro Cruz, primer secretario de acuerdos, en ausencia del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla-Cintalapa, Belisario Filemón Domínguez.

Castro Cruz rectificó que Diego López estuviera en prisión, pero no se pronunció por la supuesta figura de urgencia empleada, ya que, declaró que el imputado había sido detenido en flagrancia.

Otra de las contradicciones e irregularidades encontradas en este caso, está en la diferencia en los horarios de detención y presentación: el hombre originario de San Juan Cancuc aseguró que fue detenido a las 14:00 horas del día, mientras que los policías ministeriales Gustavo E. Camposeco Morales, Joel F. Escobar Bustamante y José Abdul Orendain de los Reyes indicaron que la hora del hecho se había suscitado a las 19:00 horas. Sumado a que le declaración ministerial de Diego habría sido tomada a las 22:00 horas, pero no se tiene registrada su hora de llegada.

6 años y 8 meses de lucha por la libertad

El pasado 11 de marzo de este año, es decir, 6 años y 8 meses después de haber sido detenido, Diego López fue absuelto del delito que fue fabricado en su contra, un logró que fue alcanzado tras una intensa movilización por parte de organizaciones nacionales e internacionales, las cuales durante mucho tiempo abogaron por el joven tzeltal.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayab) aseguran que casos como los Diego López están llenos de omisiones y contradicciones que no hacen más que visibilizar el desinterés que existe por parte de las autoridades judiciales en su papel como revisor de las acusaciones ministeriales.

En el caso de Diego, la organización Frayab había solicitado al juez Belisario Filemón que tomara en cuenta las pruebas de la detención ilegal, las secuelas e indicios de las torturas para su autoincriminación, mismas que no fueron omitidas, aunado a que nunca se le practicó los exámenes médicos psicológicos del Protocolo de Estambul.

Y ahora que Diego ha sido puesto en libertad, Frayab hace un llamado a la Fiscalía contra la tortuta para que investigue y se sanciones a los responsables de haber violado los derechos humanos, señalando específicamente a los agentes ministeriales que firmaron el acta de detención. Así como a Juan Carlos Pérez Villegas, que fue quien firmó la recepción de la declaratoria autoinculpatoria que fue hecha bajo tortura.

Con información de Proceso


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