La polémica de la adjudicación directa ya toca a AMLO

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La administración de Enrique Peña Nieto se llenó de polémica al evadir constantemente la licitación pública. Es decir, los contratos a competencia no fueron una tendencia del gobierno peñista y esto generó redes de desvíos y saqueos como las de empresas fantasma entre otras opacidades que ya investigan las autoridades tributarias. En el caso del gobierno obradorista, se ha privilegiado la adjudicación directa, un esquema que puede derivar en estas mismas prácticas.

Al menos el 71% de los contratos celebrados en el primer trimestre de labores de López Obrador se han entregado por adjudicación directa. La mayoría de ellos pertenecen a temas energéticos, después de que arrancara la guerra en contra del huachicoleo. Los contratos más fuertes han sido los celebrados para la compra urgente de 500 pipas para transportar combustible por el país y desde el inicio se habló de adjudicaciones directas por la urgencia de la compra.

Para evitar dudas y cualquier rastro de opacidad, el gobierno obradorista prometió desde el arranque que estaría trabajando con la ONU para revisar los contratos que se generen en este sexenio. Lo cierto es que esta promesa no ha empezado a aplicarse, ya que la compra de las pipas fueron por adjudicación directa, sin dar oportunidad a que varias empresas compitieran para lograr hacerse con el contrato final. El presidente declaró que no hay tiempo de poner a concurso este tipo de acciones debido al desabasto de gasolina.

Además del tema de las pipas, el gobierno obradorista ha metido acelerador en la entrega de apoyos sociales (la mayoría con promesas de campaña principales de López Obrador), por lo que también se han realizado adjudicaciones directas para que sea el banco Azteca el gran beneficiado. En estos contratos también se evadió un concurso para que varias empresas compitieran por los contratos en donde Salinas Pliego ha sido el gran ganador.

Sin duda el fantasma de la adjudicación directa arropa los primeros cien días de López Obrador en el poder, y parece que la tendencia será similar por la “urgencia” por implementar la cuarta transformación. Lo cierto es que las competencias son sanas para que un gobierno no gaste automáticamente en la primer cotización de una empresa, algo que ha sucedido desde que arrancó el gobierno de Morena.

“En cualquier compra pública el objetivo del gobierno es encontrar el mejor producto al mejor precio. El procedimiento de contratación que nos garantiza es la licitación pública porque pones a competir a las empresas y ellos al querer ganar el contrato mejoran sus condiciones” comenta Pablo Montes, encargado del IMCO, para el medio Sinembargo. Por lo que queda claro que se pueden encontrar mejores precios si los contratos se someten a concurso.

La preocupación es que esta tendencia podría hacer del gobierno obradorista algo parecido al peñista, que decidió en su mayoría darle los contratos a ciertas empresas que terminaron siendo fantasma o creadas por familiares de servidores públicos. En épocas del peñismo, el 71% de los contratos fueron entregados de esta forma y hay irregularidades en la mayoría, por lo que la adjudicación directa en México ya es sinónimo de corrupción.

La batalla de López Obrador contra la corrupción está también enfocada en eliminar la opacidad en los contratos. Por lo tanto, los siguientes meses serán decisivos para determinar si se debe de continuar con las adjudicaciones directas por “urgencia” o si de verdad habrán de haber la transparencia prometida en los concursos para buscar el mejor precio y garantizar la austeridad.