En México hay más de 700 periodistas amenazados de muerte
México es ya desde hace unos años, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. De acuerdo con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el país hay 790 personas que caen en alguna de las dos categorías, amenazadas de muerte. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, seis periodistas han sido asesinados y nueve defensores de los derechos humanos.
Un mecanismo de protección poco efectivo
De las 790 personas bajo la protección estatal, 498 de ellas son defensoras de los derechos humanos y 292 son periodistas. La mayoría de los casos se concentran en los estados de Veracruz y Guerrero, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
En la conferencia de prensa del pasado lunes 25 de marzo, el gobierno reconoció las deficiencias en el mecanismo y Encinas mencionó que el Estado buscará hacerse enteramente responsable de la protección a los comunicadores y defensores de Derechos Humanos. Lo anterior se da después de que, por segundo año consecutivo, Reporteros Sin Fronteras considerara a México el país más peligroso para ejercer el periodismo y el segundo más mortífero. Tan sólo en enero pasado dos periodistas, Rafael Murúa en Baja California Sur y Noé Jiménez en Chiapas, fueron ultimados en el país; ambos, beneficiarios del mecanismo.
El miedo al Estado
Y es que el mecanismo no sólo es ineficiente para proteger a los periodistas, sino que está envuelto en una nube de desconfianza. De los 792 botones de pánico que existen, 209 fueron apagados por sus usuarios, la razón principal: «no quieren que las autoridades sepan dónde se encuentran» refirió Encinas. Fue en la misma conferencia, dónde el presidente López Obrador, acusó que es desde el interior del gobierno dónde se han maquinado la mayoría de las agresiones en contra de periodistas y activistas en el país.
Actualmente la seguridad de los periodistas y comunicadores está delegada a una empresa denominada RCU Sistemas S.A. de C.V., la cual fue acusada por el gobierno de no cumplir con las expectativas y rayar en lo oneroso en sus contratos. Sin embargo, el gobierno aseguró que el esquema actual se mantendrá en lo que se migra a uno dónde la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal se encarguen de la seguridad y protección de los comunicadores y activistas. El gobierno actual busca mejorar las condiciones del contrato en lo que se hace la migración, esperan ahorrar un 15% en comparación con 2018. Para esta año se asignaron 207 millones de pesos al mecanismo, una cifra similar a la del año pasado.
Falta de certeza e impunidad
Sin embargo, los recursos no han crecido en proporción al número de solicitudes. En 2012, 19 personas fueron integradas al mecanismo, para 2018, este número ya se había disparado a 102 solicitudes. De acuerdo con Cristina Medina, una periodista de Baja California Sur, la creciente violencia contra le prensa en México, ha orillado a los comunicadores a la autocensura en un afán de evitar represalias, o bien, a abandonar la profesión. Cabe destacar que esta violencia no se limita únicamente al crimen organizado, sino que proviene de esferas tan diversas como la política y el empresariado nacional.
Ana Ruela, directora regional de Article19 mencionó que le preocupa la falta de claridad por parte del gobierno de López Obrador en lo que respecta a las medidas para reducir la impunidad en los casos de agresiones contra la prensa nacional. «Aún faltó un poco de claridad sobre cómo van a hacer para que haya una efectiva rendición de cuentas por parte de la Fiscalía general para decir cómo están investigando los casos de los periodistas que se acercan al mecanismo de protección». De acuerdo con Article 19, el 99.13% de las agresiones contra periodistas en México, quedan impunes, entre 2010 y 2018, sólo 10 casos han recibido sentencias condenatorias.
