Activistas indigenas presos en la era Fox buscan su libertad
Seis defensores del agua en la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco, en el municipio de Tenango del Valle en el Estado de México, han pasado 15 años en el Centro de Prevención y Reinserción Social Santiaguito en Almoloya de Juárez. Ahora tendrán que reiniciar su proceso penal a pesar de todos los años que ya han estado presos.
Antonio Lara, abogado y coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo que el problema es que hubo un entendimiento parcial de parte de las autoridades sobre lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo acerca de este caso. «Es como si hubieran sido detenidos ayer, como si de un plumazo les dijeran, olvídense de todo, de los 15 años que han pasado en la cárcel, porque lo hicimos mal y tenemos que volver a empezar».
En julio de 2018, expertos y relatores de la ONU, enviaron un comunicado al Estado mexicano donde expresaron sus preocupaciones respecto a los indígenas detenidos, acusados por el homicidio del empresario Alejandro Isaak Basso, quien tenía una disputa con la comunidad por el agua del río Texcaltengo.
A través del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el caso llegó a instancias internacionales. Tanto los relatores de la ONU, como el relator de derechos humanos respecto al agua, consideraron que la administración de justicia no llevó a cabo el proceso con los debidos derechos. Por ejemplo, la sentencia se basó en testigos que ni siquiera habían estado en la zona. Esto «puede entenderse como una criminalización de los defensores indígenas en la medida que se constata una inadecuada aplicación a la justicia«, informaron.
El informe anual de la Relatora Especial de los derechos de los pueblos indígenas destacó que: «la competencia por los recursos naturales ha colocado a las comunidades indígenas que tratan de proteger sus tierras tradicionales en la primera línea de conflictos, como víctimas de persecución». Es por esto que recomendó que no se use el sistema de justicia para la criminalización de los pueblos indígenas, ya que muchas veces actúan en su legítima defensa.
No reconocieron que eran indígenas a pesar de las pruebas
Durante los 14 años, la Procuraduría de Justicia del Estado de México y otras instituciones, no reconocieron la condición de indígenas de estas personas, a pesar de que se presentaron pruebas periciales. Hasta que se emitieron estas recomendaciones de la ONU, el Tribunal de Justicia «se dio cuenta que son nahuas y decidió reponer el proceso», informó Animal Político.
En la audiencia de apelación del juicio, la defensa de los acusados metió un amparo por la sentencia de 50 años impuesta un año antes. Sin embargo, el Tribunal ordenó la reposición del proceso, esto es una mala noticia ya que los defensores podrían pasarse en la cárcel otros diez años.
A tres de los acusados los detuvieron desde el 2003 pero les dieron sentencia hasta el 2007. Otras tres personas, entre ellos la única mujer, Dominga Sánchez, de 60 años, los detuvieron en 2007 y se les dio sentencia una década después.
Los seis defensores del agua están en la lista de presos políticos que el gobierno ha prometido liberar. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, dijo que se están explorando maneras jurídicas para darles libertad al menos a los tres de los seis indígenas de Tlanixco.
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