Fumigaciones contra cultivos de amapola terminaron quemando plantíos en México

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El pasado 21 de enero de 2019, helicópteros particulares que sobrevolaron por distintas áreas del municipio de Acatepec, Guerrero, con el supuesto objetivo de eliminar plantíos de amapola, terminaron fumigando y afectando parcelas de maíz, plantas frutales, huertas de café, entre otros.

Este hecho fue denunciado por la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes aseguraron que en total siete comunidades de la Montaña guerrerense se vieron afectadas por el químico esparcido por las aeronaves.

De acuerdo con la organización Tlachinollan, se trató de helicópteros particulares que a la hora de realizar su trabajo no se focalizaron en las siembras ilícitas, y terminaron afectando a pobladores que viven en condiciones de alto grado de marginación.

Según la organización, las comunidades que resultaron afectadas fueron Zontecomapa, El Mirador, Barranca Pobre, Laguna Seca, Agua Fría, Zilacayota, Barranca Mina y Loma Maguey.

En tanto que los plantíos que resultaron quemados por los químicos son, parcelas de maíz, plantas frutales de mamey, toronja, plátanos, mangos; huertas de café y de aguacates, así como criaderos de peces.

El Centro Tlachinollan señaló que, si bien los helicópteros no contaban con ninguna insignia oficial, es posible que las fumigaciones hayan sido ordenadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un intento por erradicar la siembra de opioides.

No es la primera vez que sucede

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que desde hace casi dos años existen denuncias por casos similares que se vivieron en otros municipios y comunidades pobres de Guerrero.

Según la denuncia, en mayo de 2017, la Sedena realizó fumigaciones en la comunidad Nahua de San Miguel Cuixpa, al Norte del municipio de Zapotitlán Tablás.

En este operativo la Sedena hizo fumigaciones con un químico llamado Paraquat que es comercializado por la empresa SYGENTA, el cual es toxico y puede causar daños a la salud de los seres humanos, señaló la organización.

El Centro Tlachinollan aseveró que estas prácticas de la Sedena se llevan realizando desde hace algunos años y comenzaron desde que Jhon Kelly, ex secretario de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos se reunió cono los titulares de Marina y la Defensa Nacional en las instalaciones de la región naval de Acapulco.

Existen denuncias

De acuerdo con el testimonio de los pobladores afectados, luego de la fumigación de 2017, los cultivos se perdieron en su totalidad, describiendo la zona como “si hubiera caído una bomba”.

Sumado a esto, el Centro Tlachinollan aseguró que las fumigaciones se realizan sólo por cumplir con los compromisos internaciones y agregó que sobre lo sucedido el pasado 21 de enero de este año, los pobladores no han querido interponer la denuncia por temor y porque siempre terminan siendo criminalizados como cultivadores de amapola.

Sin embargo, la organización detalló que, tras las fumigaciones de 2017, diez personas que resultaron afectadas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que se abrió la carpeta de investigacion FED/GRO/CHILP/0000771/2017.

La cual en mayo de 2018 el Ministerio Público de la PGR en Chilpancingo decretó el inejercicio de la acción penal por falta de pruebas, además de que nunca se realizaron análisis de los químicos que quedaron en los terrenos fumigados.

Por su parte, la Sedena tampoco admitió haber realizado las fumigaciones en 2017: la zona 35 militar indicó que sólo se realizaron vuelos en las comunidades, además de que antes de que los peritos de la PGR fueran al lugar, se supo de militares que se anticiparon a dichos zonas para realizar trabajos de georreferencia.

Aunado a ello, la Sedena presentó un oficio a la investigacion señalando que cuando el ejército realiza estas acciones, siempre son bien calculadas. Y se anexó que en caso de que algún perito verifique que los daños sí fueron ocasionados por el herbicida, la Defensa Nacional emplaza a las comunidades a demostrar que la aspersión fue hecha por militares.

Cabe señalar que también existe una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, registrada con la clave CNDH/1/201/5179/Q, la cual tuvo registro el 14 de julio de 2017, pero aún sigue estando en trámite.